La mujer del servicio penitenciario de la cárcel de Coronda que denunció que fue abusada por dos superiores en junio de 2017, brindó fuertes declaraciones y dio detalles del abuso. Hoy los demandará en Fiscalía.
«Necesito curarme y seguir adelante, trabajar, pero que a mi familia no le pase nada de lo que amenazaron. Parte de mi vida está destruida. No puedo salir ni a la vereda», dijo la suboficial del Servicio Penitenciario de Santa Fe luego del abuso y amenazas de muerte en la Cárcel de Coronda donde trabajaba.
Parte de la amenaza se cumplió: esta semana la cesantearon por decreto. Hoy se constituirá como querellante ante los fiscales de Delitos Complejos santafesinos, Ezequiel Hernández y Alejandra Del Río Ayala, para acusar a los oficiales E.S. y P.M. de abuso sexual con acceso carnal, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y amenazas coactivas.
La denunciante es una mujer de 39 años, y 14 de servicio en el SPSF. Su relato desborda cualquier capacidad de asombro por lo que sufrió en junio de 2017 en su lugar de trabajo, la Unidad Penitenciaria N° 1, de Coronda, y por la investidura de sus abusadores, quienes entonces eran las máximas autoridades del presidio.
Ayer contó a Rosariol12 que al cabo de una licencia por depresión y stress postraumático originado por la labor penitenciaria, volvió a trabajar por prescripción psiquiátrica. «Vi que había mala predisposición hacia mí, así que hice todo lo que me ordenaban, aceptaba todo para no tener ninguna sanción. Un día me mandaron a un sector que todavía no estaba terminado. Estuve mucho tiempo sin luz, sin agua, sin baño. Reclamé, porque tenía que cumplir los horarios de mi medicación y pedí que conectaran el agua y terminen el baño. Nunca lo hicieron. Aguanté como pude. Esos dos compañeros míos (E.S. y P.M.) después tomaron la Dirección, entonces otra vez manifesté mi reclamo por razones de salud. Me respondieron que hiciera mis necesidades en una botella. Entonces dije ‘no molesto más’, porque mi prioridad era mi trabajo. Me pusieron un foco y un enchufe, entonces traje una estufa de mi casa porque el frío era tremendo. Pedí que pusieran teléfono, porque si hubiera una fuga yo no tenía cómo avisar», describió la denunciante, que cuya identidad se mantiene en reserva.
«Un día vinieron de recorrida, los vi pasar por la ventana. Me pareció raro que no lo hicieran con una empleada mujer, como dice el reglamento, pero intenté tranquilizarme y pensar que eran compañeros. Abrieron la puerta de un empujón. Como eran mis superiores me puse de pie. Ellos empezaron a hablar y M. me preguntó si esa estufa era mía. Y desde atrás me tiró del cuello de la campera y me la bajó hasta los brazos, me paralizó. El otro, me arrancó el botón del pantalón y me rompió el cierre. Y ahí me hicieron… lo que le conté a mi abogado. Intentaba gritar pero no me salía la voz. Forcejeé para tirarme al piso. No tuve escapatoria, me agarraron del cuello, las piernas. Me dejaron tirada. M. me pateó la espalda, los tobillos y se fueron riéndose. Luego escuché que estaban afuera. Me acomodé la ropa y salí. Les dije que los iba a denunciar. M. me dijo que si denunciaba me iban a hacer desaparecer a mí y a mi familia. Me dijeron: ‘No te olvides que tu marido trabaja en la cocina, con presos y cuchillos’. Cuando fui a contarle a la secretaria, ella me dijo ‘acá las cosas son así'».
La mujer siguió adelante, intimidada por la amenaza, y confinada a ese sector insalubre de trabajo. En esas circunstancias contrajo una infección urinaria por la que un día no pudo ir a trabajar. Avisó por teléfono y luego llevó certificado médico. La administración del SPSF ignoró el aviso y le abrió un sumario administrativo por supuesta falta injustificada. En 24 horas ya la habían suspendido.
«Ella intentó hacer varias denuncias administrativas, pero la amenazaron y cumplieron: la despidieron por decreto. El 24 de octubre denunció el abuso en la Comisaría de la Mujer, en Gálvez. Ella está desempleada, por eso presenté un recurso para que sea reincorporada. Mientras tanto, uno de sus agresores dirige la Unidad Penal N°6 en Rosario y el otro está gozando de sus vacaciones», anticipó Martín Mazzeo, abogado patrocinante de la víctima. «No se puede creer que haya pasado algo así en un ámbito de trabajo, máxime con la función de ambos. Si la pusieron en disponibilidad por una supuesta falta sin aviso, qué tendrían que hacerle entonces a dos directores con la imputación de delitos tan graves», inquirió.
Fuente: Página12
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