El juez Gustavo Urdiales resolvió prorrogar un año más la prisión preventiva para los cinco imputados por el homicidio de Emiliano Arri, ocurrido en septiembre del 2017 en un local bailable de la localidad de Gálvez.
Los imputados son cuatro patovicas y un personal policial que enfrentan posibles penas de 14, 11 y 6 años de prisión según expresó el fiscal de homicidios Martín Torres en la audiencia de prórroga de prisión preventiva desarrollada este mediodía en la sala 1 de los tribunales de Santa Fe.
Juan Pablo R., Claudio O., Juan Pablo O., Cristian David S. y José Francisco C. se encuentran en prisión preventiva desde diciembre del 2017, imputados por el homicidio de Emiliano Arri. El fiscal Torres solicitó prorrogar la medida cautelar por un año más, tras haber presentado la acusación a principios de noviembre.
Torres precisó que Juan Pablo R. enfrenta el pedido de pena más alto, a 14 años de prisión por ser considerado autor del hecho, mientras que Juan Pablo O. y José Francisco C. son considerados participes primarios y se pretende una condena de 11 años de prisión. Por último, Cristian David S. y Claudio O. fueron acusados como participes secundarios y la pena pretendida es de 6 años de prisión.
En este sentido, el fiscal explicó que ahora los plazos pasan a depender de la Oficina de Gestión Judicial que debe fijar fecha para la audiencia preliminar y luego la organización del debate oral y público.
Si bien el pedido de prórroga no fue solicitado por el abogado querellante Raúl Berizzo, adhirió a lo manifestado por el fiscal y adelantó que la acusación que presentarán en representación de la familia considerará penas mayores a las solicitadas por la Fiscalía.
La abogada particular de Juan Pablo C., Hilda Knablein, fue la primera en rechazar la prórroga pretendida por el fiscal. La letrada explicó que su defendido fue detenido varios días después que los coimputados y que supo tras la primera imputación que iba a ser vinculado a la causa. “Lo encontraron en la casa, se puso a derecho desde el primer momento cuando podría haberse evadido”, manifestó Knablein.
La representante de la defensa pública, Leticia Feraudo, defiende a Cristian David S. y también se opuso a la prórroga e hizo hincapié que ante un pedido de pena de 6 años de prisión, la medida se encuentra al límite de la proporcionalidad.
El abogado particular Martín Montegrosso rechazó la pretensión de prorrogar la cautelar que pesa sobre Juan Pablo O. El defensor expresó que hace un año y medio que no se realiza ninguna incorporación a la causa: “la Fiscalía está en condiciones de presentar la acusación desde abril de 2018. No se incorporó ningún elemento nuevo en 18 meses”, cuestionó.
A continuación alegó el abogado Claudio Torres Del Sel, en representación del imputado Claudio O., quien adhirió a lo expresado por el resto de los defensores y remarcó que la principal evidencia de la causa es un video que registró el hecho, sobre el cual versarán diferentes interpretaciones. Del mismo modo remarcó que la pena pretendida para su defendido es de 6 años de prisión y con el plazo cumplido en prisión preventiva podría tener una condena que le permita recuperar la libertad.
Por último el abogado Alejandro Otte, que defiende a Juan Pablo R. también adhirió a los argumentos de los defensores preopinantes. Además remarcó que en la causa los magistrados intervinientes han valorado la imputación de diferentes maneras. Mientras la jueza Susana Luna avaló la calificación de homicidio doloso para imponer la prisión preventiva, el juez de cámara Bruno Netri valoró que podía tratarse de una privación de la libertad con resultado de muerte no querido. “La calificación legal puede cambiar en un eventual juicio, puede haber absolución o una pena mucho menor a la pretendida por la Fiscalía”, expresó Otte.
Prórroga
Finalmente el juez Gustavo Urdiales resolvió avalar la pretensión del fiscal y prorrogar la prisión preventiva de todos los imputados por un año más. Para el magistrado la medida es proporcional ya que la llegada del juicio es inminente, y es allí donde se producirá la prueba.
Remarcó que la causa cuenta con multiplicidad de imputados y que si bien se trata de un único hecho, no se trata de un hecho simple sino que fue una situación compleja que deberá ser resuelta en el debate.
La causa
Emiliano Arri falleció en septiembre del 2017, tras ser reducido por un grupo de seguridad en un local bailable de Gálvez. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. El primer fiscal en tomar intervención y solicitar la detención de los involucrados fue Jorge Nessier, quien en la audiencia imputativa precisó que “el homicidio de Arri se produjo pasadas las 4 de la mañana dentro del local bailable de Gálvez. Cuando salía del baño, la víctima fue interceptada por los cuatro imputados, quienes ejercieron fuerza sobre él y comenzaron a trasladarlo hacia otro sector del boliche”, agregó.
El fiscal precisó que “Juan Pablo R. agarró del cuello a Arri con ambos brazos, mientras los otros tres hombres lo sostenían de sus extremidades. Al llegar al sector del guardarropas, continuaron reteniéndolo –incluso tirándose encima de la víctima–, lo arrojaron al piso hasta que la víctima dejó de oponer resistencia porque perdió el conocimiento”.
“La fuerza aplicada sobre el cuerpo de Arri, en particular la “llave” practicada con ambos brazos por Juan Pablo R. en el cuello –con la colaboración de las restantes personas–, produjo un mecanismo de asfixia por compresión, lo que le produjo el fallecimiento”, explicó Nessier.
El fiscal de Homicidios relató que “personal de Bomberos llegó al lugar y trasladó a Arri al Sanatorio Integrados de Gálvez, donde intentaron reanimarlo, pero no lo lograron”.
Fuente: Aire de Santa Fe
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