El presidente Alberto Fernández anunció este lunes, desde Casa Rosada, la «intervención» estatal de la firma alimenticia Vicentín, la cual se encuentra en concurso de acreedores, uno de los cuales (de los más cuantiosos) es el Banco Nación (en alrededor de 300 millones de dólares). También confirmó el envío al Congreso nacional de un proyecto de ley para avanzar con la expropiación de esa compañía.
El interventor designado es Gabriel Delgado. Vicentin, a partir de ahora, comenzará a ser gestionada por YPF Agro SA y declarada de «utilidad pública» mediante el proyecto de ley que se enviará al Parlamento nacional.
Fernández buscó llevar tranquilidad a los trabajadores de la empresa y a los productores que dependen de la compañía agrícola para continuar con sus puestos de empleo y para seguir vendiendo, en forma respectiva.
De esta manera, el Gobierno presentó un plan de rescate para la empresa Vicentin, que solicitó en febrero pasado la apertura de su concurso preventivo de acreedores.
En total, se estima que la deuda de la compañía asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos US$ 1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola.
La medida también opera como un «rescate» a la compañía, principalmente con tres fines: recuperación y pago de deudas a productores de interior, renegociación con los bancos acreedores, paz social y estabilidad laboral con gremios.
A finales del año pasado, Vicentín suspendió el pago a sus proveedores de granos, por un monto calculado en ese momento de US$ 350 millones, al aducir «estrés financiero», en lo que fue su caída en default tras un proceso de endeudamiento que tuvo a la gestión de Javier González Fraga en el Banco Nación, nombrado por el entonces presidente Mauricio Macri, como principal benefactor.
El 11 de febrero, la empresa, al no poder realizar acuerdos extrajudiciales con sus proveedores, solicitó a la justicia santafesina ingresar en un concurso preventivo, el cual fue aceptado el 6 de marzo.
Allí, el juez fijó el 11 de marzo como fecha de audiencia de sorteo de la sindicatura; el 9 de junio como límite para la verificación de créditos; y ordenó la inhibición general de bienes de la agroexportadora, como lo establece la Ley de Quiebras y Concursos (LQC).