La actividad agroindustrial continuaba paralizada ayer y seguirá así al menos hoy también a partir de una medida de fuerza inédita que contó con la adhesión de los dos gremios representativos en las fábricas aceiteras y de la Unión de Recibidores de Granos (Urgara) que decidieron, tras años de negociar por separado, aunar sus reclamos salariales pendientes.
El paro, por tiempo indeterminado, encendió las alarmas de las grandes agroexportadoras que desarrollan su actividad en la franja de Bahía Blanca a Timbúes, que dieron cuenta ayer mismo de una pérdida de u$s200 millones, y también en el Gobierno por el consecuente freno de las ventas al exterior y de la entrada de divisas, según detalló Ámbito.
La huelga había arrancado el miércoles a las 6 por parte de la federación de trabajadores de la industria aceitera y la Unión de Recibidores de Granos, que desarrollaron una alianza en la actual negociación con las cámaras de la actividad, y desde las 17 de ese día se les sumó el sindicato de la actividad de San Lorenzo (SOEA), el principal polo agroexportador con presencia de las mayores empresas. La protesta, que hoy cumplirá sus primeras 72 horas, quedó unificada una semana después de que venciera la conciliación obligatoria y luego de otros paros que hicieron la federación y Urgara, por un lado, y el SOEA por otro.
Mientras las cámaras llaman al diálogo el paro de aceiteros en los puertos cerealeros tuvo una alta adhesión
Aunque en los tres gremios hay planteos salariales las demandas tienen diferencias: la Ftciodyara y Urgara exigen la reapertura de una paritaria que en abril pasado, apenas arrancó la cuarentena, pautó un primer aumento de 25 % (y que para las cámaras patronales todavía no fue superado por la inflación), en tanto que SOEA reclama el pago de un bono como premio para los trabajadores por su labor desde que se declaró la pandemia.
La respuesta -hasta ahora considerada insuficiente- de las compañías fue proponer un incremento salarial de 3% mensual de noviembre a marzo de 2021, acumulativo, y a partir de abril ajustar los sueldos por inflación, además de un premio con un fijo de $60 mil para todos los operarios y un componente variable de hasta $15 mil en función de lo efectivamente trabajado en cuarentena.
“De Bahía a Timbúes no se mueve nada. Exportación de aceite, harina, agroindustria y molienda también. Barcos, barcazas y camiones, todo paralizado”, graficó a este diario Pablo Reguera, secretario general del SOEA. El dirigente reclamó la concurrencia directa de los representantes de las grandes exportadoras (Dreyfus, Cargill, Bunge, Cofco, Renova, AGD, entre otras) a las negociaciones: “Tuvimos 14 reuniones con los directivos de las cámaras y son simples empleados sin poder de decisión”, explicó mientras participaba en una protesta en la puerta de una planta de Cofco en Timbúes.
Según Reguera el conflicto no amenaza en lo inmediato el abastecimiento local de aceites al señalar que “los supermercados se stockearon como suelen hacer, y más en estas fechas” cercanas al fin de año aunque advirtió que en términos de producción exportable “es invaluable” el perjuicio de la medida de fuerza. Además confirmó que el paro arrancó ayer pero su continuidad o finalización dependerá de la resolución de sendas asambleas de parte de los tres gremios participantes a partir de hoy.
Desde la Federación que lidera Daniel Yofra, el abogado Carlos Zamboni precisó: “Los aceiteros no están dispuestos a perder lo que han conseguido en 15 años, que no es otra cosa que el derecho a tener una vida digna, con las necesidades básicas cubiertas, y poder pensar en un futuro para sus hijos e hijas. Es una generación de obreros que vio a sus padres rebajar sus salarios, perder sus trabajos, que sufrió en carne propia la flexibilización laboral de los 90 en los cordones industriales y que no está dispuesta a sufrirlo nuevamente”.
La paritaria cuenta como representantes patronales a la cámara de las principales fábricas (Ciara), a los exportadores de cereales (CEC), a los del sector de biocombustibles (Carbio), y las entidades de Aceites de Vegetales de Córdoba (Ciavec) y a los puertos privados comerciales (CPPC). Gustavo Idígoras, presidente de Ciara y referente del Consejo Agroindustrial Argentino admitió que la dinámica del conflicto alumbró “una unión inusual de sindicatos” que demanda para las empresas “la búsqueda de una mesa de negociación que se rompió”.
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