Vecinos de Villa la Ribera, que llevan años reclamando por respuestas ante los problemas que sufren por el paso diario de miles de camiones por la Ruta Provincial 91, llevaron sus reclamos a la Defensoría del Pueblo de la provincia y a la de la Nación.
El objetivo sigue siendo el mismo, que se tomen las medidas y se realicen las obras tendientes a impedir que el tránsito pesado siga pasando por el ejido urbano. “No falta el dinero, falta decisión política de priorizar la vida”, argumentaron los vecinos.
En esta oportunidad eligieron hacer el reclamo ante los organismos defensores como miembros de una población afectada en sus derechos e intereses propios y colectivos, por “hechos, actos, omisiones y daños continuos y permanentes, prima facie provocados, o como mínimo autorizados, por las administraciones públicas comunales, provincial y nacional”.
El objetivo es, por un lado, que los defensores actúen en pos de los derechos e intereses de esta población y exijan a las autoridades nacionales, provinciales, o “a quienes corresponda”, diversas medidas. Entre ellas, el diseño de un anteproyecto definitivo de las obras de infraestructura vial a realizar, dentro de un plazo determinado, pues a la fecha “no se sabe en forma fehaciente si existe un documento de ese estilo”, afirman.
Por otro lado, el colectivo de habitantes requiere el cese de “los daños continuos sufridos por los vecinos, tanto a nivel personal, comunitario, como así también, el que se ha causado y sigue causándose al medio ambiente”. Los camiones y la falta de obras generan múltiples inconvenientes a los habitantes, que muchas veces ni siquiera pueden esperar el colectivo en la garita, salir a la ruta, cruzar la traza para ir a la escuela o comprar alimentos o dormir, producto de los bocinazos constantes.
En principio, los vecinos ya fueron convocados y mantuvieron una reunión por Zoom con personal del área específica de Medio Ambiente de la Defensoría santafesina.
Concretamente, los vecinos pidieron ante los organismos provincial y nacional que “con carácter de urgente noftifiquen la radicación de la denuncia y consiguiente promoción de las actuaciones a todas las autoridades competentes con jurisdicción nacional, provincial, municipal y comunal en la, como así también ciertos organismos descentralizados y personas de derecho privado”.
En Segundo término, les piden que requieran a las autoridades “la articulación e impulso de las medidas conducentes para hacer cesar los daños y situaciones de peligro denunciadas”.
