En el marco de la fuga de presos que se generó en la Colonia Psiquiátrica de Oliveros, la diputada provincial Betina Florito presentó un proyecto de comunicación al gobierno provincial para que se brinde información sobre la situación de los internos.
En dicha iniciativa, que será puesta a consideración de la Cámara Baja, la legisladora pide conocer: Cantidad de pacientes judiciales, cómo se encuentran distribuidos en la institución, capacidad de cada pabellón donde se encuentan alojados los mismos y si los empleados del lugar cuentan con la preparación suficiente para
atender pacientes con perfil penitenciario.
Vale destacar que aún uno de los presos que escapó el pasado domingo a la madrugada tras protagonizar un episodio de violencia dentro de la institución psiquiátrica y luego un hecho de robo a mano armada sobre la Ruta 11, continúa prófugo. Se trata de Ramiro Cardon de 34 años de edad, domiciliado en Pasaje Manantiales 3237 de Rosario. El mismo se encontraba detenido por una causa de Robo Calificado por el uso de Arma de Fuego y ahora se encuentra en calidad de evadido.
LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO:
En la Colonia Psiquiátrica “Dr. Abelardo Freyre” de la localidad de Oliveros de la provincia de Santa Fe se encuentran personas alojadas con problemas mentales cuyas situaciones se encuentran atravesadas por una multiplicidad de dificultades que podrían definirse, a priori, como de competencia de una red social e institucional que sobrepasa los límites del hospital, pero que muchas veces son absorbidos por esta
institución.
El trabajo en las instituciones psiquiátricas implica pensar constantemente en los atravesamientos que la “demencia”, como padecimiento mental de un sujeto encuentra con los diferentes problemas sociales y con distintos niveles institucionales, tanto en lo médico, como lo social y lo jurídico.
La intersección entre el dispositivo psiquiátrico y el judicial es un punto donde estas instituciones no sólo se encuentran , sino que intensifican sus funciones y donde las prácticas de quienes intervienen son relevantes. Las diferentes articulaciones con el sistema judicial se van construyendo en las prácticas institucionales, muchas veces sustentadas en una legislación inadecuada y anacrónica. En el caso particular, esto se refleja en la importante frecuencia con que se han admitido ingresos de pacientes a la institución sin presentar criterio clínico de internación y con el sólo criterio de responder a la orden judicial.
Si se piensa desde la clave de ofrecer alternativas de tratamientos singulares, la propuesta al padecimiento no puede estar acotada sólo a la internación como único modo de alojar y dar respuesta a la demanda y mucho menos aún responder a una presión judicial con un argumento en el que la clínica se tornaría difusa.
El modo de acotamiento de criterios de encierro y la proliferación de medidas que restringen la libertad de una persona y la atención de su salud es promoviendo discusiones colectivas en torno a reglamentaciones vigentes en salud mental, fortaleciendo espacios de capacitación permanente, definiendo proyectos de salud desde premisas éticas, clínicas y políticas que aborden la problemática de las personas que padecen problemas psíquicos de manera diversa, con dispositivos acordes a las singularidades, es decir no centrados sólo en la internación y la institucionalización prolongada, ni tampoco dejando de lado las distintas problemáticas que padecen quienes atienden a las personas internadas que son el sostén de la institución, quienes día a día
conviven con el entorno.