Tras la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°1 de Santa Fe, a cargo de Jorge Gustavo Onel, junto con la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), que encabeza Santiago Marquevich, un hombre que trabaja como personal administrativo dentro del Ejército Argentino fue detenido hoy acusado de estar involucrado en el secuestro de un joven con discapacidad, ocurrido en la ciudad de Gálvez en abril pasado.
Por disposición del Juzgado Federal de Santa Fe N°1, a cargo de Reinaldo Rodríguez, esta mañana se allanó el Batallón 603 de San Lorenzo y se detuvo al hombre que será indagado este viernes como coautor del secuestro extorsivo.
De acuerdo con la investigación, la casa donde la víctima estuvo cautiva sería de su propiedad, ubicada en Pueblo Andino. Ese inmueble fue reconocido por el damnificado como el lugar donde estuvo cautivo.
Los investigadores determinaron que cerca de la medianoche del 14 de abril pasado, el muchacho de 27 años fue interceptado cuando salía de su trabajo. Alrededor de las 6 de la mañana, los captores se comunicaron con la familia de la víctima, desde su celular, y le solicitaron, primero, un pago de 200 mil dólares a cambio de la liberación.
Ante esta situación, los familiares presentaron la denuncia en la Comisaría Segunda de Gálvez. En ese momento, se activó un operativo que incluyó escuchas directas mientras el fiscal y el personal de la delegación Santa Fe de la Policía Federal se trasladó hacia esa ciudad.
El joven estuvo secuestrado hasta el mediodía, cuando fue liberado en San Lorenzo. Durante esas horas, los hombres se mantuvieron en contacto con la familia y le pidieron después 5 millones de pesos a modo de rescate, el cual no fue abonado.
Tras una serie de operativos, en los que se secuestró un auto marca Ford Focus color gris, que se presume fue el utilizado durante el secuestro, también se detuvo a dos hermanos, a los que se consideró como responsables del hecho. Ambos fueron procesados en la causa por haber “sustraído, retenido y ocultado” al joven para cobrar el rescate, situación que se agrava por ser la víctima una persona y por haberle causado lesiones leves. Los procesamientos se encuentran firmes.
La investigación continuó y, de acuerdo con lo que pudo establecer -a pedido de la fiscalía- el Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal Argentina, se descubrió que el mismo día del secuestro una línea telefónica interactuó con los teléfonos de los dos procesados en la causa.
Tanto del análisis de los registros telefónicos como de las filmaciones de una cámara de seguridad y de la investigación llevada adelante por la PFA, se pudo corroborar que la esposa del hombre detenido hoy, posee una vivienda en la localidad de Andino cuyas características coincidían con las relatadas por la víctima. Por otra parte, se estableció que el administrativo del Ejército habría estado presente, por lo menos, por el plazo de dos horas, en las inmediaciones de esa casa al momento del secuestro.
En base a las evidencias recolectadas, la fiscalía solicitó una serie de medidas que incluían la detención e indagatoria del hombre, al considerar que probablemente puso a disposición el inmueble para que se pueda mantener oculta y retenida a la víctima mientras los otros dos implicados exigían el pago de un rescate para su liberación.
En esa casa en construcción, que fue reconocida por la víctima como su lugar de cautiverio, se secuestró un portaequipajes que tenía colocado el auto con el que fue interceptado el joven, y que habría sido removido luego, probablemente para dificultar su individualización.
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