Las máquinas siguen paradas y desde hace 35 días que está clausurada la mega obra de «Desvío de Camiones» que lleva adelante el gobierno provincial en Villa La Ribera. El innecesario e insólito tire y afloje entre la Comuna de Oliveros y Vialidad Provincial paró una obra que costó años comenzar y ahora todo depende de la Justicia, la cuál está en feria desde hace 15 días.
La Dirección Provincial de Vialidad avanzó en la Justicia ante la imposibilidad de seguir con las obras de Desvío de Camiones en Villa La Ribera por la clausura que llevó adelante la Comuna de Oliveros. Según informaron desde la cartera, se interpuso un recurso de amparo con medida cautelar donde se le solicita al Poder Judicial de San Lorenzo que ordene dejar sin efecto la inhabilitación a la contratista Vial Agro de trabajar en la obra acceso a puertos Timbúes, que se lleva a cabo en terrenos declarados como utilidad pública provincial.
También se interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación contra el presidente comunal de Oliveros, Martín Calori, y el juez de faltas Dr Federico Martínez por el presunto incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, confirmaron desde Vialidad. En la denuncia radicada por el propio Seghezzo, a la que este medio tuvo acceso, se expresa: “Vengo a denunciar un hecho que podría configurar la comisión de un ilícito penalmente sancionable, y del cual ha resultado víctima la repartición que represento peticionando se efectúe la correspondiente investigación a los fines del esclarecimiento del hecho”.
Como tercer medida, en el ámbito administrativo, se interpuso un recurso impugnando la resolución de inhabilitación de esta obra pública. «Estas tres medidas tienen el fin de destrabar de manera definitiva la inconsistente e irresoluta inhabilitación de esta obra tan importante para la producción y la zona de puertos, teniendo en cuenta que la Comuna de Oliveros no tiene competencia para frenar una obra que se realiza en terrenos que pertenecen al dominio publico de la provincia de Santa Fe», expresaron desde el gobierno provincial.
Los 10 días hábiles en que se levantó la clausura preventiva corrieron sin acuerdo entre las partes y la medida volvió a hacerse efectiva impidiendo que se retomen los trabajos. Las máquinas llevan 35 días paradas y la Justicia se encuentra desde hace dos semanas en feria, por lo que tampoco se pudo avanzar siquiera con la medida cautelar.
La causa está en manos de la jueza Dra Stella Maris Bertune, quien para avanzar sobre el recurso de amparo requirió mayor información tanto a la Comuna de Oliveros como a Vialidad Provincial acerca de los pasos dados y la documentación presentada para luego sí avanzar en una decisión.
Por lo pronto, el Juez de Faltas oliverense rechazó la impugnación formulada por la Dirección Provincial de Vialidad. «Es clara la ley orgánica en cuanto establece que la Comuna tiene atribución respecto de su plan edilicio, apertura, construcción y mantenimiento de calles y caminos y está facultada imponer sanciones de multas, clausura, demolición de obra, destrucción y decomiso de cosas», sostiene la impugnación firmada por el Dr Federico Martínez. Mientras tanto, este lunes 22 de julio ya retomará la actividad normal en la Fiscalía y los Tribunales de San Lorenzo por lo que debería volver a activarse la causa.
LOS PASOS DEL CONFLICTO
La Dirección Provincial de Vialidad le dio impulso a un proyecto que se gestó durante el gobierno de Omar Perotti, pero que estaba paralizado desde hace más de un año. Las obras comenzaron finalmente en abril de 2024 en manos de la empresa Vial Agro, la cuál ganó la licitación pública.
Se trata de una obra que demandará más de 24 meses de obras y que supone ser una ruta exclusiva para camiones, que evitará el tránsito de la producción por zonas urbanizadas, como en Villa La Ribera, donde se produce un cuello de botella y que cada año genera un drama para transportistas, vecinos y autoridades.
Sin embargo, el pasado 14 de junio, la Comuna de Oliveros se presentó a través de sus representantes en el obrador de la empresa contratista, ubicado a la vera de la Ruta Provincial 91, para clausurar la obra. Según argumentaron en ese momento, ni la empresa, ni Vialidad Provincial, habían pedido autorización, presentado el proyecto ni sacado los permisos necesarios para realizar una obra en su jurisdicción, ya que la primera etapa del nuevo camino son 5 kilómetros por campos que perteneces a Oliveros.
“Nunca vamos a violar una clausura, pero no corresponde porque son terrenos provinciales, no tiene nada que ver la Comuna”, dijo Pablo Seghezzo, administrador de Vialidad Provincial cuando comenzó este conflicto que poco a poco iría escalando. Desde el gobierno esperaban una rápida solución, pero todo se dilató, a tal punto que el proyecto lleva más de un mes sin registrar avances.
La clausura se hizo efectiva el viernes 14 del mes pasado y al siguiente martes Vialidad Provincial se presentó ante el Juez de Faltas Comunal, Dr Federico Martínez, para destrabar la situación. Es que desde el gobierno provincial entienden que detrás de esta situación se esconde un interés económico de la Comuna de Oliveros de obtener réditos tributarios de una obra multimillonario o de futuros tributos que paguen los camioneros para circular por esta nueva traza.
La Comuna que maneja el dirigente kirchnerista Martín Calori levantó la clausura provisoria por 10 días hábiles esperando que la empresa contratista presente el proyecto, de detalles de las obras, saque los permisos necesarios y pague el canon estipulado por la ordenanza tributaria local. Vialidad, de hecho, en primera instancia pidió eso mismo a Vial Agro, pero luego decidió ir por la vía judicial entendiendo que todo eso no correspondía al tratarse de la creación de una nueva ruta provincial.
«Imaginate que una tasa sobre obras millonarias es muy grande, pero no hay ningún soporte legal para cobrar eso. Nunca lo hemos hecho”, dijo Seghezzo, quien ha ocupado el mismo cargo durante toda la administración del gobernador Miguel Lifschitz y conoce la materia de primera mano.
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