Una serie de quince allanamientos se llevaron a cabo en distintas localidades de la provincia de Santa Fe por una causa federal ligada al narcotráfico y el lavado de activos. Los hechos se dispararon en agosto del año 2022, cuando a través la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina se realizaron una serie de investigaciones a raíz del hallazgo de 29 kilogramos de cocaína en la localidad de Puerto Gaboto.
La investigación penal derivó en el procesamiento del empresario y ex titular de la Sociedad Rural de Diamante, Entre Ríos, Leonardo Airaldi por el delito de tráfico y almacenamiento de cocaína. Airaldi está preso por otra investigación en manos del juez federal de Paraná Leandro Ríos, junto al empresario también fue procesado en ausencia Diego Torres, puestero de uno de sus establecimientos en Puerto Gaboto, donde fue encontrada la droga. Este último está prófugo y tiene pedido de captura.
La causa se inició por esa denuncia de agosto de 2022 sobre violencia de género, pero se convirtió en una investigación federal, ya que cuando fueron a detener al puestero en Torres por la denuncia de una mujer, dieron con un embalaje de 29 kilos de cocaína de alta pureza. La Policía encontró la droga debajo de una cama en la casa donde vivía Torres, distribuida en panes con etiquetas como Qatar –sede del Mundial 2022 que se comenzaría a jugar meses después– y Emiratos Árabes. También con la foto de un avión Boeing 737, aunque al menos la primera etapa del transporte de la droga, sospechan los investigadores, se iba a hacer a través de la Vía Navegable Troncal del río Paraná.
La pesquisa
La investigación quedó entonces en manos del fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez. La casa donde se secuestró la droga en 2022 está ubicada en Solís al 600, en Puerto Gaboto, frente a un campo en las islas que regenteaba Airaldi.
Producto de las investigaciones se realizaron en 2022 un total de 20 allanamientos, donde fueron detenidas 3 personas y se llevó a cabo el secuestro de gran cantidad de estupefacientes, desactivando de ese modo varios búnkeres de droga e incautando documentación de valor para la causa y varios automóviles.
No obstante, en septiembre del año pasado y debido a la sospecha de Lavado de Activos, la Unidad Fiscal de Santa Fe Área de Investigación y Legitimación, a cargo de Walter Alberto Rodríguez, puso en manos del Departamento Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico la investigación del caso; con el objeto de establecer en forma precisa las diferentes maniobras constitutivas del delito en cuestión y el aporte efectuado por cada uno de los investigados en las diferentes operaciones para lograr la colocación, estratificación y/o integración de los activos en los diferentes sistemas financieros.
Así fue como se dieron inicio a las diversas tareas de campo donde se constató que ninguno de los involucrados registraba ingresos provenientes de una fuente de trabajo declarada, ni remuneraciones por el ejercicio de una profesión, las cuales les permitieran la obtención de los bienes muebles o inmuebles adquiridos.
A principios de esta semana se detectaron un total de quince domicilios en la ciudad capital de Santa Fe y en las localidades de Santo Tomé y Arroyo Leyes, algunos de los cuales eran alquilados por los integrantes de la estructura delictiva y vinculados con las maniobras ilícitas detectadas en el lejano 2022.
Con el total de las pruebas aportadas por los uniformados, el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe a cargo del Dr. Carlos Vera Barros, Secretaría Penal del Dr. Hernán Lionel Tripicchio, ordenó la realización de los 15 allanamientos mencionados, donde se incautaron varios títulos de propiedad, boletas de impuestos, comprobantes de transferencias, contratos de locación, 2 motovehículos y gran cantidad de documentación de interés para la causa. Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción al Artículo 303 del Código Penal sobre Lavado de Activos.
El puestero
En el caso del puestero de campo; el fiscal Walter Rodríguez pidió en su momento la detención de Diego Torres, el empleado de Airaldi, al considerar que entre ambos se pusieron de acuerdo para almacenar aquellos 29 kilos de cocaína hallados en una casa de la localidad de Puerto Gaboto, pero se mantiene prófugo.
En julio de 2022, Airaldi fue detenido en Rosario, mientras circulaba por Gorriti al 5.600 alrededor de las 3 de la mañana. Personal de Gendarmería detuvo la Amarok que conducía el diamantino, que iba acompañado por tres personas. Se requisó la camioneta y se hallaron armas, municiones, algo de drogas y mucho dinero. Airaldi ensayó una defensa entonces: “Soy personal inorgánico de Inteligencia de la Policía de Entre Ríos”. Nadie lo creyó, aunque luego se comprobaría que sus lazos con la fuerza policial entrerriana eran y siguen siendo fluidos y logró su libertad, pero cayó nuevamente en marzo de 2024.
También quedo implicado en la causa Airaldi un empresario de Rosario. En el contexto de la investigación de 2022 el fiscal Walter Rodríguez le giró un escrito a la Bolsa de Comercio de Rosario para que explique la situación de Juan Francisco Rouillón, operador de Bolsa ingresado en 2021 a la institución. Es que Rouillón aparece integrando la sociedad El Pillo con una proximidad muy cercana al momento del secuestro de los 29 kilos de cocaína.
El Pillo, según el Boletín Oficial el 12 de octubre de 2021 realizó una Asamblea de recambio de autoridades. Se designó Presidenta a Tanya Gisel Kranevitter y Director Suplente a Francisco Rouillón, ambos con domicilio fiscal en un piso de Avenida Corrientes al 1.300, en Capital Federal. Gisel Kranevitter, expareja de Airaldi, está procesada por el juez federal de Paraná Leandro Ríos. En tanto Rouillón es socio de la Bolsa de Comercio de Rosario, admitido en julio de 2021, de acuerdo a la nota formal de la Bolsa que él mismo subió a una red social. El Pillo S.A ha declarado dedicarse “a la cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche, sumada a la cría de animales, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca”. Se agrega un domicilio distinto al antes mencionado: Charlone 971, también en C.A.B.A.
Fuente: La Capital