Vicentin, la histórica empresa agroindustrial santafesina, ha tomado la controvertida decisión de cerrar temporalmente sus plantas en Ricardone y Avellaneda, lo que ha generado una creciente incertidumbre sobre su futuro y sobre el pago de los salarios de marzo.
Este cierre, que afecta a una de las empresas más emblemáticas del sector, se da en el contexto de una profunda crisis financiera y judicial que aún no encuentra resolución definitiva.
La medida fue anunciada por el directorio de la compañía en un comunicado oficial, en el que señalaron la falta de contratos de fasón como una de las principales causas que impidieron cumplir con los compromisos asumidos.
La situación se agrava por la imposibilidad de materializar una solución viable, a pesar del respaldo de una mayoría de sus acreedores, debido a los obstáculos judiciales que continúan bloqueando su avance.
Este escenario de incertidumbre se ve intensificado por los problemas legales que enfrentan varios de los exdirectivos de Vicentin, quienes están bajo investigación por irregularidades financieras.
Las detenciones de algunos de ellos han acelerado el proceso de colapso de la empresa, generando dudas sobre la posibilidad de una pronta reactivación. A pesar de que el directorio asegura mantener un «diálogo permanente» con todas las partes involucradas para intentar reactivar las operaciones, no se han especificado plazos ni condiciones claras para que esto suceda.
La decisión de suspender las operaciones llega en un momento crítico para Vicentin, cuya situación financiera y judicial parece cada vez más incierta. Con el futuro de la empresa pendiendo de un hilo, la comunidad agroindustrial y los trabajadores de la firma se enfrentan a un panorama desolador, sin respuestas claras sobre lo que depara el futuro.
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