Una investigación de más de dos años de la Justicia Federal derivó este miércoles en una serie de 24 allanamientos simultáneos en distintas localidades del cordón industrial santafesino, con el objetivo de desarticular una organización criminal dedicada al narcotráfico.
Entre los operativos, se destacaron los realizados en Puerto Gaboto, en un domicilio de calle Mendoza al 700, y otros dos en la localidad de Serodino, donde se secuestraron elementos vinculados a la causa, en viviendas de personas vinculadas a la Prefectura Naval Argentina.
Los procedimientos fueron llevados adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal, con intervención del fiscal de Distrito Javier Arzubi Calvo y los fiscales Matías Scilabra, Franco Benetti y Claudio Kishimoto. La orden fue librada por el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros.
En total se desplegaron 11 allanamientos en San Lorenzo, 6 en Capitán Bermúdez, uno en Puerto General San Martín, dos en Serodino, tres en Rosario y uno en Puerto Gaboto. La pesquisa permitió identificar la operatoria de una red que distribuía cocaína y marihuana mediante un sistema organizado, con roles definidos y modalidades de “delivery”, según detalló Rosario3.
La investigación también puso en la mira a efectivos y ex efectivos de Prefectura Naval Argentina, sospechados de encubrir a la banda a través de la filtración de información. Si bien no hubo detenciones entre los uniformados, se secuestraron teléfonos celulares para profundizar las pesquisas.
Además, se investiga la posible vinculación de la Asociación de Taxis de San Lorenzo con la estructura criminal, lo que habría servido como respaldo logístico.
Los principales líderes de la organización ya se encuentran cumpliendo condenas en cárceles federales, pero continuaban manejando la red desde prisión mediante llamadas y audios. En la jornada fueron detenidos otros integrantes, entre ellos familiares y allegados, y se secuestraron drogas, dinero en efectivo y vehículos.
El caso volvió a poner en relieve la capacidad de las organizaciones narcocriminales para sostenerse desde el sistema penitenciario, así como la necesidad de reforzar los controles sobre las fuerzas de seguridad ante posibles actos de corrupción.
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