A casi seis años del femicidio de María Florencia Gómez, la joven oriunda de Monje que fue asesinada brutalmente en la localidad de San Jorge, la investigación judicial dio un giro determinante con una nueva imputación.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Aire de Santa Fe, De Pedro remarcó la importancia de la identificación del sospechoso, que ya se encuentra bajo custodia en una dependencia penitenciaria de la provincia por otro delito.
Según fuentes oficiales, se mantienen vigentes diversas medidas investigativas para esclarecer completamente el hecho y garantizar la responsabilidad penal de todos los implicados.
Desde la fecha del hecho, la investigación atravesó diferentes etapas y cambios de fiscales, lo que motivó críticas por parte de sectores que denunciaron la falta de resultados concretos.
El fiscal De Pedro asumió la conducción del expediente en los últimos años y, la identificación del presunto coautor fue posible gracias al análisis de pruebas recolectadas en las primeras etapas del proceso y a nuevas diligencias desarrolladas recientemente. El funcionario judicial no brindó detalles sobre la identidad del sospechoso ni sobre el contenido de las pruebas, en resguardo de la investigación en curso.
A pesar de este avance, aún resta identificar a la otra persona que habría intervenido en el hecho. La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación y continúa tomando declaraciones y pericias para avanzar hacia el esclarecimiento total del crimen.
EL CRIMEN
La joven fue asesinada el 12 de octubre de 2020, cuando salió a caminar, tal como lo hacía habitualmente. Horas después, su cuerpo fue encontrado en un descampado.
Con los resultados de la autopsia, las autoridades pudieron confirmar que fue brutalmente golpeada hasta quedar inconsciente. Luego, la arrastraron, la violaron y la mataron, con un fuerte golpe en la nuca. El arma homicida fue una piedra.
La falta de pruebas para dar con los sospechosos llevó a las autoridades a ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos para quienes puedan aportar datos sobre los responsables del crimen.