La medida fue adoptada luego de la seguidilla de amenazas registradas en escuelas de toda la provincia tras el trágico episodio de un tiroteo ocurrido en marzo en San Cristóbal.
Según datos oficiales, los gastos generados por estos procedimientos superaron los 139 millones de pesos, aunque hasta el momento solo se recuperaron cerca de 9,8 millones, equivalente a poco más del 7% del total.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la política tuvo un efecto inmediato en la reducción de las amenazas, que pasaron de decenas de denuncias diarias a prácticamente desaparecer.
En los casos en que no se concretó el pago de las sanciones, el Estado avanza con las acciones judiciales correspondientes para intentar recuperar los fondos invertidos en los operativos.