La Ley Penal Juvenil 27.801 entrará en vigencia en la Argentina el sábado 5 de septiembre de 2026 y establecerá un nuevo régimen para adolescentes acusados de cometer delitos. Uno de los principales cambios será la reducción de la edad mínima de punibilidad de 16 a 14 años.
La norma fue sancionada por el Congreso de la Nación el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. En su artículo 52 estableció que comenzaría a regir 180 días después de su publicación, plazo que se cumple este sábado 5 de septiembre.
La nueva legislación reemplaza a la Ley 22.278, que regulaba el régimen penal de menores y que, tras una modificación realizada en 1983, establecía que los menores de 16 años no eran punibles.
Con la Ley 27.801, el nuevo régimen se aplicará a adolescentes desde los 14 años y hasta las cero horas del día en que cumplan 18 años, siempre teniendo en cuenta la edad que tenían al momento de cometer el hecho.
Esto significa que una persona de 14 o 15 años que sea acusada de un delito podrá quedar sometida a un proceso penal juvenil, algo que no ocurría bajo el esquema anterior. La ley establece como finalidad que el adolescente comprenda la responsabilidad legal por sus actos y que las medidas adoptadas estén orientadas a su educación, resocialización e integración social.
Qué penas establece la nueva ley
El régimen contempla distintas respuestas según las características y gravedad del delito.
Entre las sanciones previstas aparecen:
- amonestaciones;
- prohibición de acercamiento o contacto con la víctima;
- prohibición de concurrir a determinados lugares;
- restricciones para salir del país o de un territorio determinado;
- prestación de servicios a la comunidad;
- monitoreo electrónico;
- reparación integral del daño;
- y penas privativas de la libertad.
Además, se podrán disponer medidas complementarias como asistencia a programas educativos, capacitación laboral, actividades deportivas o culturales, tratamientos médicos o psicológicos y seguimiento por equipos especializados.
Para determinados delitos con penas de hasta tres años de prisión, la ley establece que la prisión deberá ser reemplazada por alguna de las sanciones alternativas previstas en el régimen.