El 6 de agosto de 2013 quedó marcado en la vida de muchas familias de Rosario y la región luego de la explosión del edificio de Salta 2141 tras un escape de gas. Entre esas familias se encuentra la de Maximiliano Fornarese, el joven macielense que perdió la vida en esta tragedia. Este miércoles comienza el juicio oral y público, el tramo final de una lucha que les llevó más de seis años.
En total 22 personas murieron, decenas resultaron heridas y hubo cientos de damnificados. El debate oral y público comenzará este miércoles en el Centro de Justicia Penal, con 11 acusados por estrago culposo agravado.
Las partes recibieron la notificación de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) en febrero pasado y las audiencias se desarrollarán por la mañana los lunes, miércoles y jueves, y por la tarde los martes. Los viernes no habrá audiencias a excepción del primero (viernes 10 de mayo), que sí se realizará.
«Llegamos a la recta final. Nuestro pedido es de apoyo, es una causa que nos ha llevado una lucha de casi seis años», manifestó a Info Más Alicia Fornarese, mamá de Maxi, quien le ha puesto el cuerpo junto a su familia a este camino en busca de justicia.
El tribunal que juzgará a los acusados está integrado por Marcela Canavesio (presidenta), Rodolfo Zvala y Juan Carlos Leiva (vocales). Si bien la familia Fornarese no es querellante en la causa, confirmaron que presenciarán todas las audiencias del juicio.
«Estamos enfilados con la fiscal, son cinco personas con las que hemos trabajado codo a codo, por nosotros, por las víctimas y por todos. Fue una lucha tan grande que nos merecemos una respuesta de la justicia. Esto no puede terminar sin un culpable ni como un accidente», agregó.
En tanto, apenas 48 horas antes del comienzo del juicio, la Fiscalía anunció que desistirá de acusar tanto al gasista José Allala, quien hizo tareas de reparación días antes de la explosión, como al inspector de Litoral Gas, Gerardo Bolaño. Sin embargo, la querella sostendrá las acusaciones hacia los once imputados.
En la investigación fueron procesados –por ser una causa del viejo sistema procesal penal– los inspectores de la empresa Litoral Gas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica Viviana Leegstra.
Además, están comprometidos el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño; el gasista que trabajó doce días antes de la tragedia, José Allala; y los tres integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.
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