La Comuna de Monje fue la sede de una conferencia de prensa de presidentes comunales de la región acerca de la problemática que enfrentan por la empresa que está trabajando en Clarke con un proyecto industrial y la construcción de piletones donde arrojarán desechos industriales. La preocupación al respecto es el interrogante sobre los controles pertinentes.
En medio de una rueda de prensa y ante la ausencia de Sandra Aguirre por un compromiso en la ciudad de Santa Fe, Pedro Severini, presidente de Monje, Juan José Gonzalez, presidente de Diaz y Pedro Tobozo, de la Comuna de Maciel, aseguraron que pedirán formalmente que se detengan las obras hasta tanto los responsables aprueben y realicen controles fehacientes en el lugar.
La cautelar de no innovar será la medida principal a tomar por parte de las autoridades de la región para detener los trabajos mientras se avanza en medidas de seguridad.
«Nos sentimos muy preocupados, lo que le pedimos a la gente es que se queden tranquilos porque nos estamos ocupando mucho del tema. Hoy, tanto Diaz como Monje, Maciel, y Gaboto, incluyendo a Clarke, todos estamos en condiciones de presentar nuestra preocupación por este proyecto y ver si la empresa desiste de esto o Clarke se hace responsable de la situación. Estamos trabajado junto a abogados para que nos asesoren», indicó Severini.
A su vez, sospecha de una maniobra extraña por el desconocimiento de toda la región acerca del operativo de la empresa que desde hace tiempo comenzó con los trabajos a la vera de la Ruta 10 y a 800 metros del Arroyo Carrizales. «Esto nos agarró desprevenidos porque si bien han trabajado ocultos y es lo que más llama la atención, cuando empieza una obra de tal magnitud que nadie se entera hasta que ven las máquinas trabajando, hay prácticamente una cava hecha, hay una mala intención de por medio me parece, sino se hubiera dado a conocer. No queremos complicar la vida de la gente, nosotros no tenemos personal idóneo para controlar los líquidos que se tirarán», reflejó.
A su vez, Gonzalez y Severini contaron sobre el encuentro con el Ministro de Medio Ambiente de la provincia, Jacinto Speranza. En ese sentido, el presidente de Diaz explicó: «No volvimos convencidos porque como dijo el Ministro, esto está habilitado por ellos, dicen que no perjudica al medio ambiente, pero alguien nos tiene que garantizar que eso, con el tiempo, no va a traer ningún tipo de perjuicio y eso hasta hoy no lo tenemos porque ni desde la empresa ni desde medio ambiente nos han dado la seguridad. No nos garantizaron ningún tipo de control y nos dijo que la última palabra la tenía la comuna local a través del permiso de uso de suelo que con eso, autorizaba que ese proyecto se llevara a cabo».
Por su parte, Tobozo, resumió su experiencia con el proyecto que DHSH intentó imponer en Maciel y habló del impacto ambiental. «¿Quien controla esto?, porque si hace unos días desde el ministerio dijeron que es mínimo el impacto ambiental que va a tener, ellos mismos están diciendo que va a haber, ¿pero cómo lo miden? ¿qué seguridad tenemos nosotros? ¿hasta donde es mínimo el impacto? ¿quién controla?. Ellos dijeron que la comuna, pero la comuna ¿está capacitada para controlar eso? es una mentira que con el tiempo, si se logra hacer, lo van a pagar las comunidades que están sobre el arroyo y el río, no nos podemos engañar».
En común acuerdo, las máximas autoridades indicaron que además de la cautelar, enviarán una nota firmada por ellos dirigida al Gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, para mostrarle la molestia de la gente. Además, en conjunto, agradecieron el apoyo y el compromiso del Senador Provincial por el Departamento San Jerónimo, Danilo Capitani que realizó el pedido de auditoria ambiental.
«Estamos agotando todas las instancias», aseguró Severini en el cierre de la conferencia y a la espera de que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto firmes, comprometedoras y en benificio de la comunidad.
Conferencia de prensa:
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