El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi allanó las oficinas locales de la multinacional brasileña Odebrecht, de la italiana Ghella y de la local IECSA, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
Cabe destacar que esta última, es la firma que explota junto a Comsa la renovación de vías férreas del Belgrano Cargas y que tiene su centro de operaciones en el predio del ferrocarril de Maciel.
Las obras comenzaron durante el gobierno de Cristina Kirchner y continúan durante el de Mauricio Macri y están cerca de finalizar su tarea en la zona, según revelaron fuentes de la empresa.
De hecho en Maciel la renovación ya se aplica en los paso a nivel, el último paso para terminar con la tarea en el éjido urbano. Hacia el sur, las obras ya están en territorio de Timbúes.
En este caso, los allanamientos a esta empresa se realizan en el marco de la causa que investiga si hubo delitos en los trámites de otorgamiento de las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
En una serie de correos electrónicos que forman parte del expediente de Lava Jato en Brasil, se menciona al directivo de IECSA Héctor Sánchez Caballero, para debatir el pago de sobornos en Argentina.
Según Odebrecht, los socios locales eran los que siempre se encargaban de «canalizar» los pagos indebidos para obtener favores políticos. Según consta en los registros, los mismos figuraban bajo la sigla «DGI» (que nada tiene que ver con la AFIP) y totalizarían 20 millones de dólares.
IECSA, que en 2007 pasó de las manos de Franco Macri a las de Calcaterra, su sobrino, se hizo en 2008 con la licitación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento como líder de un consorcio que incluía a Odebrecht, a Ghella y a la española Comsa.
También fueron allanadas la firma Detall y la consultora Caesa, del ex funcionario Manuel Vázquez, quien fuera asesor del detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
Las medidas fueron dispuestas por el juez luego de decretar el «secreto de sumario» en el marco de una de las tres causas que tiene Odebrecht abiertas en el país. La empresa brasileña admitió ante la justicia de Estados Unidos que pagó más de 35 millones de dólares de sobornos entre 2007 y 2014 en la Argentina.
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