La Cámara de Diputados le dio media sanción a la ley de creación del Centro Integral con Perspectiva de Género (CIPGEN) para mujeres pertenecientes a la policía provincial, al Servicio Penitenciario y al Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP).
El proyecto, autoría de la diputada Alicia Gutiérrez, tiene como objetivos proveer asistencia y acompañamiento a víctimas de discriminación y violencia machista en el ámbito laboral y desarrollar acciones en pos de modificar prácticas y garantizar la igualdad de oportunidades.
La normativa fue elaborada en colaboración con las integrantes de la Red de Mujeres Policías de Santa Fe, que vienen trabajando para visibilizar esta problemática y reclamando medidas ante las numerosas situaciones de desigualdad y abuso que padecen. En una encuesta realizada por esta organización a 300 trabajadoras, el 75% afirmó que sufrió violencia por parte de compañeros o superiores y que los casos quedaron en la nada.
El estudio reveló también que el 65% del total tiene entre 5 y 15 años de antigüedad, pero nunca ocupó cargos jerárquicos. Y que, si bien la mitad de las entrevistadas cuentan con un título universitario, apenas un pequeño porcentaje ha logrado ascensos.
Para la legisladora Gutiérrez, “en estos ámbitos aún persiste una cultura verticalista y patriarcal muy fuerte, que naturaliza la discriminación y la violencia machista. Las mujeres, en la mayoría de los casos, no se atreven a hablar por temor a las represalias de sus jefes y sus compañeros”. Y si bien se han comenzado a organizar con el fin de formar redes de autoprotección, “es necesario contar de manera urgente con un organismo que brinde asistencia y apoyo a las víctimas y trabaje para prevenir y erradicar estas conductas”, afirmó.
El CIPGEN se encargará de recibir y acompañar las presentaciones y denuncias por casos de violencia de género y discriminación en el ámbito laboral. También contemplará los hechos ocurridos en el ámbito doméstico cuando el agresor pertenezca a estas instituciones.
Además, brindará asesoramiento jurídico y asistencia a las víctimas a través
de equipos interdisciplinarios, y realizará un seguimiento de las actuaciones y un registro que sirva a la confección de estadísticas. En este sentido, busca proteger a las mujeres garantizando no sólo sus derechos constitucionales, sino también las leyes y reglamentos propios de las fuerzas.
En principio, la normativa prevé el establecimiento de cinco sedes, uno en cada nodo de la provincia. La autoridad de aplicación de la ley será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ya que podrá actuar en forma neutral ante esas situaciones y proponer actividades y capacitaciones tendientes a prevenir la violencia contras las mujeres y a
erradicar estas prácticas, promoviendo un cambio cultural.