Parte de la comisión comunal de Maciel que fue destituída por la intervención que ordenó el gobierno provincial, emitió un duro comunicado contra los funcionarios santafesinos que traccionaron el decreto N° 0449/19 dictado en marzo pasado y que dio por finalizada una gestión envuelta en escándalos.
Se trata del ex presidente Pedro Tobozo, la ex vicepresidenta Patricia Bessonart y la ex tesorera que asumió en los últimos días de gobierno, Valeria Serenelli. Son los tres nombres que firman esta misiva, publicada el mismo día en que el juez ordenó seguir adelante con el proceso judicial por lesiones contra el ex tesorero Néstor Severo.
«Fuimos perjudicados enormemente por la gobernación ya que en gran parte de lo expuesto, nos difamaba como muy mala administración pública y desfalcadores de las cuentas de la Comuna de Maciel como también haber falsificado la firma del tesorero en su renuncia al cargo, Néstor Severo. Sufrimos injurias, calumnias y difamaciones por parte de altos funcionarios públicos provinciales», afirmaron.
En ese sentido, apuntan contra el gobernador Miguel Lifschitz pero también contra el Ministro de Gobierno. «Pablo Farías, falaz e irresponsable, dijo en declaraciones a la prensa que «estamos en presencia de una maniobra y se han fraguado firmas en la mentada renuncia (Consta en la pericia caligráfica, la autenticidad de dicha firma realizada por la perito oficial María de los Ángeles Fernández, perito calígrafa de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe», reza el comunicado.
Cabe destacar que aquella comisión, que integraban también Cristina Gómez (PDP) y Daniel Lamboglia (Cambiemos) sufrió una división interna muy fuerte que hizo ingobernable la gestión ya que de hecho el grupo de gobierno pasó varios meses sin poder sesionar, con paros de trabajadores, peleas públicas y cruces de todo tipo.
En otro tramo del escrito aseguran que «por la conducta de uno de los miembros o mejor dicho, por la inconducta del tesorero, no puede sancionarse a todos los miembros, pues ello no está previsto de ese modo en la normativa aplicable. Si el tesorero tenía desconfianza de la autenticidad legitimidad de los restantes créditos o a creencias, su obligación era verificarlos y eventualmente, efectuar la correspondente denuncia que, como funcionario, estaba obligado a realizar y como funcionario, no lo hizo».
Asimismo, señalan que «ninguna de las supuestas irregularidades que detalla el Sr Gobernador en los considerando del decreto N°449/2019 lo que es francamente violatorio del Art 1 inc 2 del decreto N° 4174/2015, no existen. Las incompatibilidades a que se aluden, no son las que autorizan a una intervención, pues las que se buscaban con el pedido de la misma, osea las previstas en el Art. 39 de la ley orgánica de comunas, dieron resultado negativo, es decir: no existen».
En el mismo sentido ratifican el obrar de haber designado a Valeria Serenelli luego de haber recibido y aprobado la renuncia de Severo al cargo y recordaron que el propio Carlos Torres, secretario de Municipios y Comunas de Santa Fe, dijo en un medio televisivo que «plata no faltaba de la comuna».
También cuestionaron los dichos del diputado Gabriel Real, quien afirmó en un evento partidario que «en menos de una hora se vaciaron las cuentas de la comuna por un monto de cuatro millones de pesos y que en la gestión de Pedro Tobozo se robaron todo. Gracias a la intervención de su correligionaria Cristina Soledad Gómez (1ra vocal) no pudieron robar más», exponiendo luego en el escrito las razones por la que Gómez habría ingresado de forma irregular a la planta permenente de la comuna durante la gestión de Jorge Marucco.
El comunicado finaliza remarcando: «La Justicia no hizo más que afirmar nuestras declaraciones, siendo vulnerados y vejados nuestros derechos por autoridades de la provincia de Santa Fe».
El comunicado completo:
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