El Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevó adelante en Oliveros un nuevo operativo de compactación de vehículos secuestrados y abandonados que se encontraban depositados en dependencias policiales y corralones del Departamento Iriondo.
Las tareas se desarrollaron en el corralón comunal de Oliveros, con el objetivo de reducir la acumulación de rodados bajo custodia del Estado y ordenar los espacios públicos. El operativo se lleva adelante en el predio ubicado en la intersección de avenida Santa Fe y General Roca, y reúne vehículos retirados de comisarías y depósitos de las 12 localidades del departamento.
Los trabajos son ejecutados por el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, organismo encargado de administrar los bienes bajo control estatal.
El secretario de Gestión de Registros de la cartera provincial, Matías Figueroa Escauriza, explicó que el procedimiento se realizó en conjunto con el senador departamental Hugo Rasetto, lo que permitió retirar autos y motocicletas acumulados en comisarías y corralones de todas las localidades de Iriondo. Según destacó, la intervención contribuye a mejorar las condiciones de los espacios públicos y de las dependencias policiales.
“El objetivo es ordenar y limpiar lugares que durante años estuvieron saturados de vehículos. Es un pedido que nos hizo desde el inicio de la gestión el gobernador Maximiliano Pullaro, para mejorar el funcionamiento del Estado y de sus dependencias”, señaló el funcionario provincial.
Desde el gobierno santafesino indicaron además que esta intervención corresponde a la compactación número 50 realizada desde el comienzo de la actual gestión. En esta etapa se procesarán más de 600 vehículos provenientes del departamento Iriondo.
Antes de definir el destino de cada unidad se realiza un relevamiento técnico que permite determinar su estado. A partir de ese análisis, algunos rodados son compactados, otros se subastan a través de la Aprad y, cuando es posible, se reparan o se reutilizan para tareas operativas del Estado, como seguridad, salud o asistencia social. Incluso, en determinados casos, pueden ser donados a instituciones educativas o desguazados para recuperar piezas útiles.
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