El bloque de diputadas y diputados socialistas pidió explicaciones al gobierno provincial acerca de por qué se dispuso un aumento del 32% de las tarifas de la empresa Aguas Santafesinas SA sin haber convocado previamente a una audiencia pública. También solicitaron informaron sobre el plan de obras, que en el contexto de la pandemia de Covid-19, se hacen fundamentales para garantizar el acceso fundamental al agua potable..
Además de señalar que la decisión “vulnera el derecho con jerarquía constitucional de los usuarios”, la autora de la iniciativa, la diputada Clara García, también cuestionó que se haya invocado como pretexto “una habilitación de hace más de dos años en circunstancias diferentes” y cuando dicho acto ya no tiene valor jurídico.
“La omisión por parte de esta administración de los procedimientos institucionales para la toma de decisiones conllevaría a decisiones inconstitucionales”, advirtió García.
“El esfuerzo de ingeniería argumentativa que desde esta gestión se intenta realizar para aplicar el pretendido aumento –apuntó la diputada- no sólo pretende evitar la obligatoria audiencia pública y negarles a los usuarios el debate sobre la rendición de cuentas de la empresa, sino que también dicha situación trasuntaría en la lisa y llana nulidad del aumento, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello podría acarrear”.
En tal sentido, menciona la causa “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el aumento de tarifas de los usuarios residentes en un voto unánime que resolvió que la realización de una audiencia pública previa es un requisito obligatorio para la fijación de tarifas y que su no realización posibilita a los tribunales a considerar nulas dichas resoluciones.
En el caso de ASSA, las audiencias públicas llevan una década de vigencia ininterrumpida. En este punto, García destacó que el caso de 2018, cuando por primera vez se desdobló el aumento, (uno se aplicó en enero y otro en mayo, siempre del mismo año) “es muy distinto a pretender aplicar un aumento sin la correspondiente celebración de una audiencia pública y justificar esa decisión con el supuesto aval de una audiencia que sesionó en noviembre de 2018, que claramente cesó en sus alcances y competencia”.
La diputada resaltó “el rol fundamental de las asociaciones de usuarios y consumidores en este tipo de audiencias, en la convocatoria y las acciones para lograr una participación lo más amplia posible, de modo de resguardar las garantías que los usuarios y consumidores tienen aseguradas constitucionalmente”.
Finalmente, la legisladora también solicitó a las autoridades provinciales el detalle del plan de obras que tiene previsto realizar Aguas Santafesinas durante 2021. “El agua potable es un recurso más que fundamental y un derecho básico al que deben tener acceso todos los ciudadanos, por lo tanto el gobierno debe explicar qué acciones llevará adelante para garantizar este derecho, más aún en el contexto de pandemia de Covid-19 que estamos atravesando”, concluyó.
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