El Gobierno nacional oficializó este viernes un cambio de alto impacto para la infraestructura vial en Santa Fe: dejará de hacerse cargo del mantenimiento y las obras en rutas nacionales dentro del territorio provincial. La medida, plasmada en el decreto 253/2026, abre un nuevo escenario en medio del creciente deterioro de los corredores viales de la región, particularmente en el área del Gran Rosario.
La normativa, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, habilita a la provincia de Santa Fe a asumir la gestión de estas rutas a través de concesiones por peaje. De este modo, podrán intervenir empresas privadas, mixtas o entes públicos en la administración, ampliación y mantenimiento de los caminos, en un contexto donde el estado de las trazas viene siendo motivo de reclamos sostenidos por parte de usuarios y sectores productivos.
El decreto establece que la provincia deberá firmar un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para tomar control de corredores específicos, entre ellos la estratégica ruta nacional A012, clave para el tránsito pesado hacia los puertos del cordón industrial. Allí se deberán definir los tramos alcanzados y los plazos de la delegación.
Sin embargo, la normativa impone limitaciones que generan preocupación en la planificación regional. Entre ellas, prohíbe licitar en conjunto rutas de distintas jurisdicciones, lo que complica proyectos integrales como el reacondicionamiento del segundo anillo vial del Gran Rosario, pensado para optimizar el acceso logístico a las terminales portuarias.
Además, una vez aprobado el convenio, Santa Fe contará con un plazo de un año para concretar la licitación de las obras, seguido por 90 días hábiles para la toma de posesión por parte del concesionario. La delegación tendrá un límite máximo de 30 años y no implicará la cesión del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre las rutas.
En este marco, el deterioro de la A012 se vuelve un punto crítico. La traza presenta baches, deformaciones y ahuellamientos que afectan la circulación diaria de miles de vehículos, en especial camiones que transportan la producción agroindustrial. Frente a esta situación, el gobierno provincial ya diseñó un plan de contingencia con una inversión inicial cercana a los 5.000 millones de pesos para intervenciones urgentes.
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas que encabeza Lisandro Enrico, apunta a realizar reparaciones inmediatas mientras se avanza en una solución estructural. En paralelo, se evalúa la creación de un ente público-privado con participación de municipios de la región para gestionar la ruta a largo plazo.
La propuesta incluye el cobro de una tasa única a los camiones que se dirigen a los puertos, con el objetivo de garantizar financiamiento sostenido para las obras. “La idea es tener el control operacional de la A012”, adelantó Enrico, quien también señaló que se analiza un esquema de coparticipación de los ingresos por peaje con los gobiernos locales.
A mediano y largo plazo, el plan provincial contempla una transformación integral de la infraestructura vial en los próximos 20 años, con la construcción de dobles carriles, rotondas, puentes y nuevas trazas. En un contexto de retiro nacional, Santa Fe busca así hacerse cargo de uno de los desafíos más urgentes para su desarrollo productivo: recuperar rutas clave que hoy muestran un avanzado estado de deterioro.
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