El Gobierno dio la orden de avanzar en los aumentos de tarifas del servicio público de gas natural por redes, que serán en torno a un 20% promedio para todo el país a partir del miércoles 1 de junio.
Este viernes el secretario de Energía, Darío Martínez, firmó la resolución que instruye al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a confeccionar e implementar los nuevos Cuadros Tarifarios para cada una de las distribuidoras.
Las empresas habían avisado que cambiar los sistemas de facturación lleva no menos de 2 meses de demora y que todavía no arrancaron, a falta de instrucción del subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio.
El incremento del precio del gas estará destinado exclusivamente a bajar el déficit fiscal.
El precio mayorista del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) trepará un 41,7% y no tendrá impacto en los márgenes regulados de las transportistas ni de las distribuidoras.
Según el informe técnico que había preparado la Subsecretaría de Hidrocarburos para la audiencia pública, el alza de las boletas a partir de junio sería de entre 18,5% y 25,5%, según la región del país, que se acumula a la actualización de marzo. Con todo, quienes no aplican a los criterios de la tarifa social habrán tenido en este 2022 una suba menor al 42,7%, tope previsto por el Gobierno de acuerdo al equivalente a un 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior.
La cuestión de las tarifas es clave no solo para el programa económico de Guzmán, que debe mostrarle voluntad al FMI aunque las metas de desempeño serán incumplidas por el contexto internacional (inflación de alimentos y energía), sino también para la estabilidad política interna del Frente de Todos.
El kirchnerismo buscó dejar en claro en los últimos meses que no está de acuerdo con incrementos de tarifas por encima del 20%, porcentaje al que se llegó a partir de los aumentos de marzo.
En sus filas, señalan que Guzmán corrió del proceso al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, luego de que éste advirtiera en un informe interno que insistir con subas del precio mayorista de la energía quebrará la cadena de pagos del sector y llevará a detener el crecimiento económico, con más inflación, desempleo y pobreza.
En los despachos oficiales habían cuestionado la validez del documento de Basualdo por entender que se extralimitó en sus funciones y salieron a responderle los subsecretarios de Hacienda, de Política Económica y de Planeamiento Energético para poner en duda la condición «técnica» de su informe.
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