Una adolescente de 13 años con discapacidad murió en los primeros días de abril cuando estaba en custodia del Estado por una medida excepcional de protección. El fallecimiento se dio en el Centro de Dia Santa Cecilia, en Carrizales. La gravedad de lo ocurrido motivó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la provincia, presentado por la diputada Agustina Donnet y el diputado Rubén Giustiniani, del bloque Igualdad.
Fuentes oficiales de Fiscalia indicaron a Info Más que se realizó la denuncia días después del entierro de la menor cuando «una acompañante del Hogar Santa Cecilia de Carrizales manifiesta que la menor tuvo una crisis nerviosa y que habría existido un forcejeo previo a su fallecimiento. Al momento del fallecimiento, no se aportó dicha versión, fue luego del entierro, en su momento el médico del Samco local firmó el certificado de muerte por causas naturales».
Ante la denuncia, el Fiscal Leandro Lucente solicitó la exhumacion del cuerpo, que se realizó el día 3 de mayo. Se llevó a cabo la autopsia dando como resultado, según informe médico, causa «indefinida». Por lo que el Fiscal solicitó se realicen exámenes anatomopatológicos para profundizar en determinar la causa de fallecimiento.
Se tomaron declaraciones a personal del hogar y allegados a la menor. Dicho contenido se mantiene en reserva y se esperan los resultados de los exámenes para determinar los siguientes pasos procesales.
La investigación está a cargo del fiscal Leandro Lucente, de San Lorenzo, a raíz de una presentación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Con respecto a lo ocurrido con la niña, Donnet y Giustiniani quieren saber “si es verdad que en momentos previos al deceso se produjo una persecución a la menor por parte de uno o más operadores de la institución motivada por la retención de parte de la niña de algún objeto”.
En su segundo punto, el proyecto pregunta “si es verdad que más tarde la adolescente, quien se habría encontrado en perfecto estado de salud, fue hallada sin vida, boca abajo en su cama”. Además, se pide saber “qué investigación administrativa se llevó o se está llevando a cabo por parte de la Secretaría de Niñez de Santa Fe, entre otros múltiples puntos. El pedido de informes fue presentado el 16 de mayo.
Tras la muerte de la adolescente -cuyas causas deberá establecer la Justicia-, Donnet y Giustiniani preguntaron a Niñez “si se han tornado medidas de resguardo y contención de los y las niñas alojadas en la institución”, como así también si la Secretaría solicitó “medidas precautorias respecto al personal actuante en el momento del fallecimiento” y “si existe un protocolo específico para determinar responsabilidades ante un hecho de máxima gravedad corno la muerte de una persona menor de edad alojada en una institución por el Estado para garantizar la protección integral de sus derechos”.
Después de este episodio, la Secretaría de Niñez ratificó el convenio con la institución y no tomó ninguna medida para proteger a niñas, niños y adolescentes que están alojados allí. En algún momento, circuló entre quienes trabajan en la Secretaría la información de que se suspendieron nuevos ingresos, pero no hubo confirmación oficial de parte de las autoridades, indicó el medio Aire de Santa Fe.
El pedido en la cámara baja recuerda que la Ley 12.967 de Protección integral de Derechos de Niñas, niños y Adolescentes, en su artículo 32, establece que la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia es la autoridad de aplicación del Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
De acuerdo a lo establecido en las leyes nacionales y provinciales, las «medidas de protección excepcional» proceden cuando existe una grave vulneración de derechos de una niña, niño o adolescente originada en su grupo familiar conviviente, por lo cual el Estado interviene en resguardo de la persona menor de edad, alojándola en forma transitoria en un dispositivo institucional acorde a sus necesidades.
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