Mientras continúa clausurada la mega obra de «Desvío de Camiones» que lleva adelante el gobierno provincial en Villa La Ribera, la Justicia finalmente se expidió y desestimó la medida cautelar que había interpuesto la Dirección de Vialidad Provincial contra la Comuna de Oliveros.
Esto deja la situación en el mismo lugar que estaba y obligará a la empresa contratista y al gobierno provincial a negociar con la Comuna de Oliveros. Sin embargo, Vialidad Provincial retomó esta semana las obras aunque en otro tramo, fuera de la jurisdicción oliverense.
Las máquinas y el personal de Vial Agro se encuentran ya realizando movimientos de suelo en territorio de Timbúes, más precisamente en el tramo que unirá el puente a construir sobre el Río Carcarañá y la calle Cacique Mangoré que es la que une con los peines que van a cada empresa agroexportadora, confirmaron fuentes oficiales a Info Más.
El Juzgado interviniente, de los Tribunales de San Lorenzo, desestmó el recurso interpuesto por «improcedente». «Resuelvo rechazar la medida cautelar solicitada por la Dirección Provincial de Vialidad contra la Comuna de Oliveros y contra el Juzgado de Faltas de esa Comuna», reza la resolución judicial, que además le impone el pago de las costas al gobierno provincial.
El innecesario e insólito tire y afloje entre la Comuna de Oliveros y Vialidad Provincial seguirá entonces mientras los trabajos continúan en otro sector de lo que se había planificado para no seguir demorando los avances de una obra muy esperada por vecinos, transportistas y empresarios.
LOS PASOS DEL CONFLICTO
La Dirección Provincial de Vialidad le dio impulso a un proyecto que se gestó durante el gobierno de Omar Perotti, pero que estaba paralizado desde hace más de un año. Las obras comenzaron finalmente en abril de 2024 en manos de la empresa Vial Agro, la cuál ganó la licitación pública.
Se trata de una obra que demandará más de 24 meses de obras y que supone ser una ruta exclusiva para camiones, que evitará el tránsito de la producción por zonas urbanizadas, como en Villa La Ribera, donde se produce un cuello de botella y que cada año genera un drama para transportistas, vecinos y autoridades.
Sin embargo, el pasado 14 de junio, la Comuna de Oliveros se presentó a través de sus representantes en el obrador de la empresa contratista, ubicado a la vera de la Ruta Provincial 91, para clausurar la obra. Según argumentaron en ese momento, ni la empresa, ni Vialidad Provincial, habían pedido autorización, presentado el proyecto ni sacado los permisos necesarios para realizar una obra en su jurisdicción, ya que la primera etapa del nuevo camino son 5 kilómetros por campos que perteneces a Oliveros.
“Nunca vamos a violar una clausura, pero no corresponde porque son terrenos provinciales, no tiene nada que ver la Comuna”, dijo Pablo Seghezzo, administrador de Vialidad Provincial cuando comenzó este conflicto que poco a poco iría escalando. Desde el gobierno esperaban una rápida solución, pero todo se dilató, a tal punto que el proyecto lleva más de un mes sin registrar avances.
La clausura se hizo efectiva el viernes 14 del mes pasado y al siguiente martes Vialidad Provincial se presentó ante el Juez de Faltas Comunal, Dr Federico Martínez, para destrabar la situación. Es que desde el gobierno provincial entienden que detrás de esta situación se esconde un interés económico de la Comuna de Oliveros de obtener réditos tributarios de una obra multimillonario o de futuros tributos que paguen los camioneros para circular por esta nueva traza.
La Comuna que maneja el dirigente kirchnerista Martín Calori levantó la clausura provisoria por 10 días hábiles esperando que la empresa contratista presente el proyecto, de detalles de las obras, saque los permisos necesarios y pague el canon estipulado por la ordenanza tributaria local. Vialidad, de hecho, en primera instancia pidió eso mismo a Vial Agro, pero luego decidió ir por la vía judicial entendiendo que todo eso no correspondía al tratarse de la creación de una nueva ruta provincial.
«Imaginate que una tasa sobre obras millonarias es muy grande, pero no hay ningún soporte legal para cobrar eso. Nunca lo hemos hecho”, dijo Seghezzo, quien ha ocupado el mismo cargo durante toda la administración del gobernador Miguel Lifschitz y conoce la materia de primera mano.
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