Este miércoles, el gobernador Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura el nuevo proyecto de Reforma Previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los empleados públicos, el cuál ingresó en primera medida por el Senado.
Según detalló la gestión provincial, con la iniciativa se busca implementar un nuevo régimen jubilatorio para todos los agentes estatales y de esta manera reducir entre un 20 y 30 por ciento el déficit del organismo que, proyectado para 2024, es de 430.000 millones de pesos.
Entre las claves de la propuesta figura la declaración de emergencia y las modificaciones a los regímenes especiales, como tienen docentes y policías, entre otros.
En el artículo 2 establece un Aporte Solidario que los beneficiarios de la Caja (actuales o futuros) deben realizar sobre el total del beneficio que perciben, durante el plazo de vigencia de la emergencia declarada, con descuentos que van del 2% al 6% de acuerdo al beneficio percibido.
Los que perciban más de una prestación de la Caja realizarán el aporte solidario sobre la sumatoria de ambos beneficios, en tanto que no realizarán aportes solidarios quienes perciban beneficios inferiores a las dos jubilaciones mínimas.
Respecto del personal en actividad, realizarán el aporte solidario durante 36 meses y por un equivalente a un 2,77 % del haber quienes ocupen un cargo de conducción política o de gabinete, y que haya ingresado desde el 11 de diciembre de 2023 en adelante.
El personal en actividad actualmente todos aporta un 14 %, pero el proyecto propone que los aportes se incrementen en base a un nuevo cálculo que va del 15,5% al 21% dependiendo del ingreso percibido, es decir que quien más gana, más aporta, e incluye a todos los trabajadores y funcionarios de los tres poderes.
El 82 por ciento móvil estará atado ahora a la eliminación de los regímenes especiales. “Hay cosas que cambiaron, hasta ha cambiado el tiempo que es la expectativa de vida que tiene la gente. Indudablemente, si queremos mantener en el Estado algunas cosas y si queremos sostener el 82%, se tienen que terminar muchos privilegios que tienen que ver con regímenes especiales y con jubilaciones de privilegios», dijo días atrás el gobernador Pullaro.
Existen dos principales frentes de desafío para mantener la Caja. Primero, la deuda de aproximadamente 700 mil millones de pesos que la Nación mantiene con Santa Fe, una de las 13 provincias que en los años 90 optó por no transferir su Caja de Jubilaciones.
El segundo desafío es el desbalance entre las contribuciones mensuales de los 208.000 trabajadores activos y las prestaciones recibidas por los 102.000 jubilados y pensionados.
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