El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación supervisaron este jueves el derribo de un búnker de venta de estupefacientes en la ciudad de Puerto General San Martín, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico. Con esta intervención, ya suman 111 los puntos de venta inactivados en toda la provincia desde la puesta en marcha de la normativa, a fines de 2023, en el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en Presidente Roca al 900, en el barrio San Sebastián, y fue coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y fuerzas de seguridad provincial.
El lugar había sido allanado el pasado 26 de marzo en el marco de un megaoperativo desarrollado en las ciudades de San Lorenzo y Puerto General San Martín, en el que participaron efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), grupos tácticos de la Policía de Santa Fe y la Prefectura Naval Argentina. En ese procedimiento se realizaron seis allanamientos, con un saldo de ocho personas detenidas, el secuestro de casi dos kilos de cocaína fraccionada y más de 12 millones de pesos.
La investigación es encabezada por la fiscal Luisina Paponi, quien solicitó el derribo del inmueble en una audiencia de cese de estado antijurídico, al considerar acreditada su utilización como punto de venta de drogas y foco de conflictividad.
Un punto de venta menos
El secretario de Seguridad, Omar Pereira, señaló que estas intervenciones apuntan a desarticular los lugares donde se concentra la violencia vinculada al narcomenudeo. “La Ley de Microtráfico permite actuar sobre estos puntos, que suelen estar asociados a balaceras y otros delitos. Según lo disponga la Justicia, la intervención puede implicar el derribo, el cerramiento o la clausura del inmueble”, precisó.
Por su parte, el fiscal Aquiles Balbis indicó que el domicilio intervenido “era identificado como un punto de venta y también de reunión de personas vinculadas a distintos hechos delictivos”. En ese sentido, detalló que la investigación incluyó múltiples allanamientos en la zona, con el secuestro de más de 6.000 dosis de droga.
Balbis agregó que el caso presenta conexiones con otros episodios violentos registrados en el área y confirmó que hay varias personas detenidas con prisión preventiva en el marco de distintas causas vinculadas. “Se trata de una investigación compleja, que no solo abarca la comercialización minorista de estupefacientes, sino también hechos de violencia asociados”, concluyó.
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