A más de 10 años de uno de los episodios policiales más impactantes de la región, la Justicia dictó sentencia contra el líder del grupo criminal que infundió terror en la localidad de Bernardo de Irigoyen. El tribunal integrado por los jueces Celeste Minniti, Pablo Ruiz Steiger y Héctor Aiello condenó a Leonardo Rivero, de 54 años, a la pena de 9 años de prisión tras el juicio oral llevado a cabo en los tribunales de la capital provincial.
El violento suceso ocurrió el 4 de marzo de 2016, cuando la tranquilidad del pueblo se vio sacudida por la llegada de al menos seis hombres armados a bordo de dos vehículos. En un raid sincronizado y despiadado, la banda tomó por asalto la Comisaría Novena, el Juzgado Comunal, la sede de la comuna y la oficina de Correo Argentino.
El ataque comenzó en la dependencia policial, donde los delincuentes redujeron y golpearon al jefe de la comisaría para apoderarse de su arma reglamentaria, credencial, teléfono celular y tarjeta de débito, mientras obligaban a dos vecinos que realizaban una denuncia a tirarse al piso. Minutos después, irrumpieron en el Juzgado Comunal —encerrando al juez en un baño— y en un local de cobro de impuestos aledaño, de donde sustrajeron $166.000 antes de tomar como rehén a un empleado.
La secuencia continuó en la sede comunal, donde los asaltantes redujeron al personal y agredieron físicamente al entonces presidente comunal, Jorge Raúl Carcavilla, robándole celulares, cheques por $50.000 y $20.000 en efectivo. El recorrido criminal concluyó en la sucursal de Correo Argentino, donde se apoderaron de $16.487 antes de emprender la huida en distintas direcciones para concretar su escape de la localidad.
La fuga derivó en un sangriento enfrentamiento cuando uno de los cómplices, Carlos Entivero, huyó por la Ruta Nacional 11 hacia Coronda y murió tras volcar e intercambiar disparos con la policía. En tanto, Rivero fue localizado y detenido ocho meses después en el Juzgado de Paz de San Miguel, provincia de Buenos Aires; aunque tiempo más tarde recuperó temporalmente la libertad tras una prisión preventiva, volvió a ser arrestado en el marco de otra causa judicial.
La pena impuesta por el tribunal resultó sensiblemente menor a los 17 años de prisión que habían solicitado los fiscales Omar De Pedro y Lucila Nuzzo, quienes acusaron a Rivero de ser el jefe de una asociación ilícita y de cometer cinco robos calificados. Los magistrados optaron por reducir el monto del castigo al argumentar que en el debate no se pudo acreditar formalmente la aptitud para el disparo de las armas utilizadas durante el atraco.
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