La diputada provincial Alicia Gutiérrez se manifestó a través de un comunicado sobre el anuncio del gobierno nacional de implementar un «Servicio Cívico Voluntario en Valores» para jóvenes de entre 16 y 20 años, el cuál estará a cargo de Gendarmería Nacional.
La legisladora, con un amplio recorrido en la defensa de los Derechos Humanos, remarcó que la fuerza federal no está preparada para este tipo de proyectos y que existen «otras herramientas estatales que brindan asistencia social».
EL TEXTO COMPLETO:
La única explicación que encontramos para entender la resolución adoptada por el gobierno de Cambiemos que crea un Servicio Cívico Voluntario en Valores, para jóvenes de 16 a 20 años, bajo la órbita de la Gendarmería Nacional, es la cercanía de la elecciones presidenciales y la necesidad de captar el voto que se siente atraído por este tipo de propuestas de derecha. Las razones dadas por la ministra de seguridad, relativas a brindar “formación”, “contención” y “capacitación” a chicas y chicos postergados por su propia administración, no hacen más que reforzar esta idea, dado que ya existe la institución escolar para cumplir con estas tareas o, en su defecto, hay diversas herramientas estatales que brindan asistencia social.
El intento de reponer, con una imagen remozada, el perimido Servicio Militar es una reacción ante las evidentes consecuencias que ha tenido la implementación del modelo neoliberal en nuestro país y que condena a millones de personas a la exclusión y la indigencia. Para los responsables de esta debacle, que golpea más duramente a niñas, niños y adolescentes vulnerables, es más fácil y, al parecer, más conveniente electoralmente promover alternativas como esta, aunque no resuelvan ninguno de los problemas actuales, que implementar políticas de inclusión tendientes a garantizar los derechos y a generar más oportunidades.
Por el contrario, se pone el foco en la represión y la mano dura, y se le adjudica a la Gendarmería, que ha sido muy cuestionada por sus recientes intervenciones en las protestas sociales, como la que derivó en la desaparición de Santiago Maldonado, un rol de formadora de “valores democráticos y republicanos”. Más allá de lo contradictorio que resulta esta decisión del gobierno en relación a los derechos humanos, la misma altera la misión original de la fuerza, inherente al servicio de vigilancia de la zona de frontera y de la protección de objetivos concretos. Es claro que su normativa, estructura organizativa y doctrina difiere enormemente de la requerida para la pretendida función que se le encomienda.
Al mismo tiempo, la Gendarmería no es una fuerza destinada a brindar trabajo ni a generar conocimientos, ni capacitación. No podría adoptar una instancia de formación que no sea la de las técnicas de patrullaje, vigilancia, represión, uso de armamento y tratamiento de detenidos. Entonces, ¿cuál sería la intención que subyace a esta idea y que se justifica con loables fundamentos? ¿Se quiere capacitar en oficios y dar oportunidades a una franja social excluida o lo que se pretende realmente es enseñar la doctrina militar a quienes, hoy en día, no encuentran alternativas viables para su futuro?
Como decíamos, esta medida sólo busca tentar a los sectores más reaccionarios que ven con buenos ojos reactivar la militarización y la represión frente a la crisis económica y social y la falta de políticas de inclusión. La inutilidad del servicio militar obligatorio, abolido tras el asesinato del soldado Carrasco, ya ha sido probada y es popularmente conocida. No volvamos a recorrer caminos que fracasaron y trabajemos para salir adelante con propuestas superadoras que beneficien al conjunto de la sociedad.
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