La Cámara de Senadores de la provincia le dio ayer la sanción definitiva al proyecto de ley que reduce a la mitad el monto de las multas viales y estableció una escala de penalidades para las infracciones por exceso de velocidad, con límites a la cantidad de unidades fiscales con las que se puede sancionar.
Ahora el Código de Faltas de Tránsito de la provincia establece que las infracciones se penan con entre 300 y mil unidades fiscales y que el monto de cada una es el equivalente al litro de nafta más barato, que hoy ronda los 50 pesos. Ahora, la unidad fiscal pasará a costar medio litro de nafta y las infracciones tendrán un escalonamiento con un tope máximo de 300 unidades fiscales.
«Estamos de acuerdo con que el control a través de los radares y las multas es una forma de dar seguridad, de disuadir al infractor y que cuando vamos a exceso de velocidad y nos hacen una multa tenemos que pagarla. No estamos de acuerdo en el monto de estas multas porque se calculan en función de unidades que son equivalentes al precio de un litro de nafta», dijo el autor de la iniciativa, Lisandro Enrico (General López- UCR Sur- FPCyS).
Durante la sesión el senador se refirió a las críticas que realizaron algunas asociaciones civiles dedicadas a la prevención de siniestros viales. Y argumentó: «El fin de una sanción es prevenir, disuadir el exceso de velocidad. No puede ser es una herramienta de recaudación o tener valores confiscatorios. Que una persona tenga cuatro infracciones y tenga que pagar 50 mil pesos me parece un abuso del Estado».
«Hoy se establece una gradualidad donde la primera infracción se penaliza con hasta 150 unidades fiscales, que a valores actuales del litro de nafta tiene un costo de 3.750 pesos. Eso es para el que excede el límite de velocidad en hasta 10 kilómetros por hora; entre 11 y 20 kilómetros por hora el costo de la infracción es de hasta 220 unidades fiscales, es decir 5.500 pesos; mientras que si el radar capta un exceso de 21 kilómetros por hora o más la sanción puede llegar hasta las 300 unidades fiscales, con un tope de 7.500 pesos».
«Como el Estado no sabe quién maneja —continuó— saca una fotografía y sospecha o deduce que es el dueño del vehículo el que cometió la infracción. Por eso cuando se va a vender el vehículo se advierten las infracciones. Ahora establecimos que no se puede impedir, ni afectar ni turbar la transferencia de un vehículo cuyo conductor o titular hubiera cometido una infracción», concluyo.
Informe: Hipólito Ruiz (UNO Santa Fe). Especial para La Capital
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