El secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, afirmó que desde la entrada en vigencia de la cuarentena por la pandemia del coronavirus la Justicia provincial otorgó menos del 10% de los pedidos de arrestos domiciliarios para presos en las cárceles.
«Se enmarcan en grupos vulnerables, personas mayores de 60 años próximas a cumplir condena o que tengan una afección de su salud», señaló. Además, aseveró que no se registró ningún caso de covid-19 en las unidades penales de la provincia. En algunos alojamientos penitenciarios se lleva a cabo la tercera jornada de huelga de hambre.
Somaglia indicó que en Santa Fe el número de domiciliarias no alcanza el 10 por ciento de los pedidos hechos por las defensas de los internos. «Se enmarcan (los beneficiados) en sectores de grupos vulnerables: personas mayores a 60 años próximas a cumplir condenas que no sean por homicidios agravados o por ofensa sexual, embarazadas, o que tengan una afección de su salud que demande un tratamiento específico», añadió en diálogo con el programa A Diario (Radio 2).
«No hay ningún caso de coronavirus en las cárceles de Santa Fe», aseguró el funcionario provincial al tiempo que agregó que se acondicionaron las unidades penitenciarias para posibles aislamientos en casos de contagios de covid-19.
«Creemos que las medidas no son otras que gestionar la salud no solo de los internos sino de todo el personal que también convive con ellos, que merecen la misma atención», subrayó.
El secretario de Justicia también enfatizó que los jueces santafesinos tuvieron «prudencia y racionalidad» a la hora de analizar los pedidos de morigeración de las condiciones de detención de los internos.
«El riesgo de esta pandemia es para todos los ciudadanos, los que están privados de la libertad y los que no. Muchos (reclusos) viven en sectores económicos vulnerables, donde el riesgo es mayor que quedarse dentro del penal. Trasladar a una domiciliaria, más allá de la dificultad de controlarla, puede conspirar contra el propio objeto de la solicitud (evitar contagio de coronavirus)», sostuvo.
«Se requieren informes (desde la Justicia) donde deben estar enmarcados los domicilios de los internos. En muchos casos hay extrema precariedad económica, deberían vivir con un número excesivo de personas, cuyo riesgo es mayor», amplió.
Fuente: Rosario3
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