La Cámara de Diputadas y Diputados dio media sanción al proyecto de ley que crea la Junta Provincial de Seguridad, un “órgano interinstitucional” pensado como ámbito de análisis, elaboración y coordinación” de las políticas del área en el territorio santafesino, impulsado por dos jóvenes legisladores del Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS), Juan Cruz Cándido y Lionella Cattalini.
Al fundamentar la iniciativa de sus pares, la diputada Clara García comenzó por señalar que “la seguridad y la violencia son temas sociales de tal complejidad que de ninguna manera pueden ceñirse a un eslogan, a una frase de campaña, o al cliché de la «herencia recibida»; necesariamente requieren de un trabajo serio e institucional”, afirmó.
“Justamente hoy se cumple un año desde que el ex ministro de seguridad anunció que iba a convocar a la Junta provincial de Seguridad, los legisladores y legisladoras seguimos esperando la convocatoria, mientras tanto avanzamos en consolidarla desde lo institucional, esperamos que ya no dependa más de la voluntad de un ministro o un gobernador. Si bien entendemos que no es la solución del problema, porque los problemas no se resuelven de un día para el otro con una sola medida, si entendemos que va a contribuir a que podamos diagramar políticas entre los 3 poderes del Estado que nos permitan, por lo menos, retomar una senda de una paulatina caída de los índices de delitos que se rompió en el 2020”, señalaron Catallini y Cándido.
La iniciativa busca darle continuidad al ámbito creado por el exgobernador Miguel Lifschitz a través del decreto 0024 del 11 de diciembre de 2015 y que funcionó regularmente durante su gestión, pero que jamás fue convocada por la actual, encabezada por Omar Perotti. “Esta Junta Provincial de Seguridad tiene la virtud de ser una mesa de trabajo seria, de plantear agendas de trabajo, formalidad y un compromiso de los actores; de generar confianza, controles y replanteos”, añadió García.
“Aspiro a que el concepto democrático de este gobierno –dijo en referencia a la gestión de Perotti-, se amplíe y se haga más participativo; que se entienda que tenemos que trabajar juntos porque es lo que la gente espera: que nos sentemos a una mesa a resolver el problema de la inseguridad”.
En ese marco, la legisladora confió en que, de aprobarse la ley, “el gobernador y la vicegobernadora (Alejandra Rodenas) puedan sentarse a una mesa a conversar después de que, como dijo el propio Perotti, hace meses que no se hablan. Podrán tener diferencias personales, pero en honor a los millones de habitantes de esta provincia deberían sortear y trabajar seriamente”, reclamó.
“Si esta ley se cumple –agregó- los ministros de Seguridad (Jorge Lagna) y de Gobierno y Justicia (Roberto Sukerman) podrían articular dos temas tan serios, como el de las fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario, en lugar de echarse la culpa entre ellos pública y mediáticamente, sin juntarse en una mesa de trabajo”.
De la misma manera, García se esperanzó en que el nuevo organismo pueda destrabar el presupuesto del área. “Quisiera preguntarle al ministro Lagna cuál es la dificultad que tiene para ejecutar los $9.900 millones de presupuesto para servicios de seguridad que aprobamos en esta Cámara. Al 30 de junio de este año, solo puso ejecutar 650 millones, es decir, el 7%. Hablamos de móviles, de armamento, de equipos de comunicación, de emergencia, de logística, de comisarías. Quién le está impidiendo lo ejecute en beneficio de la gente”, preguntó la legisladora, para reafirmar: “Una mesa de trabajo como la Junta de Seguridad aporta a planificar y gestionar con resultados más eficientes”.
INTEGRANTES
La Junta Provincial de Seguridad estará integrada por el gobernador y el vice; los ministros de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad; y de Seguridad; el secretario de Seguridad Pública y el jefe de la Policía.
En representación del Poder Judicial, participarán el presidente y el procurador general de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Ministerio de la Acusación y los fiscales regionales.
El Poder Legislativo, en tanto, estará representado por dos senadores de las fuerzas políticas que componen esa cámara y cinco diputados de aquellas que componen este cuerpo, sin perjuicio de la incorporación de otros integrantes como representantes de gobiernos locales, académicos o asociaciones civiles a criterio de lo que la Junta evalúe en cada convocatoria a reunión.
El nuevo organismo tendrá las siguientes funciones: a) facilitar el diálogo entre las distintas esferas del estado en los temas referidos a seguridad y violencia; b) facilitar y coordinar la interacción de los distintos organismos en las acciones conjuntas o coordinadas, elaboradas para la prevención y mitigación en materia de seguridad; c) circular información de las distintas esferas del Estado y la proveniente de las organizaciones de la sociedad civil afines a la materia; d) recabar y analizar datos sobre inseguridad y violencia; e) programar y coordinar las políticas públicas de seguridad y prevención de la violencia.
EL ROL DEL GOBERNADOR
Al gobernador le cabe un rol central con respecto al organismo: por un lado, debe realizar las acciones necesarias para la conformación, desarrollo y coordinación de la junta. Por otro, es quien debe convocar a las reuniones ordinarias el último martes de cada mes.
En tanto, las reuniones extraordinarias se celebrarán cada vez que lo requieran el gobernador o cinco integrantes del organismo que lo soliciten por escrito y con la debida fundamentación al mandatario.
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