Un hombre que se encuentra detenido en la cárcel de Coronda es investigado por ser quien llevó a cabo las intimidaciones vía Whatsapp contra comerciantes en Rosario. Exigía el pago de 250 mil pesos o 50 mil pesos y hasta daba un CBU.
En ese contexto, el fiscal Pablo Socca, lanzó duras críticas por las facilidades que tienen los reclusos para acceder a celulares desde los que realizan las intimidaciones. “No entiendo cómo el Estado provincial no restringe derechos a los presos que cometen delitos desde los establecimientos penitenciarios”, sostuvo.
En diálogo con Rosario3, Socca expresó que “tanto el Poder Ejecutivo por decreto como la Legislatura a través de un proyecto tienen la posibilidad de modificar el régimen actual de visitas a las cárceles, de comunicaciones de los presos, o de lo que quieran, pero no lo hacen”.
«Hace tres días que hay una lluvia de denuncia de comerciantes extorsionados. Hay que cambiar la lógica de siempre. Por ejemplo, al preso que está investigado de organizar estos hechos no le va a pasar nada. Lo van a seguir visitando y va a seguir teniendo los mismos beneficios que un recluso que se porta bien», sentenció.
La declaración fue enmarcada en una entrega controlada y allanamientos que ordenó este martes, donde Darío G. (32 años) y Carla P. (28) fueron detenidos por estar sospechados de estar detrás de una oleada de extorsiones a comercios de distintos rubros de la zona de bulevar Oroño al 4000. En esa misma causa también requisó la celda de Joaquín F., preso en Coronda, investigado por ser quien llevó a cabo las intimidaciones vía Whatsapp con las víctimas.
Las tres personas serán llevadas a audiencia imputativa el próximo viernes en el Centro de Justicia Penal. Se prevé que allí también se exhiba parte del material fílmico de cámaras de la zona donde ocurrieron las extorsiones, ya que en el caso de la mujer quedó grabada mientras dejaba una nota en uno de los locales que denunció intimidaciones. Una vez concluida la acusación se darán los nombres completos de los sospechados.
Carla P. cayó por ser la titular del CBU que brindaba su pareja desde prisión para depositar pagos de extorsiones. En ese caso, la huella fue tan evidente que su arresto se hizo a las pocas horas de radicadas las presentaciones de las víctimas.
Joaquín F., el preso, según la investigación decía ser “de los Cantero”, en alusión a la banda narco Los Monos, y afirmaba que la zona sudoeste era “su territorio”, por lo que todos los negocios debían pagarle por protección. Se presume que siempre manejaba el mismo modus operandi: exigía el pago de 250 mil pesos o 50 mil pesos por semana y daba un CBU para recibir la plata en caso de que la víctima no tuviese efectivo.
Fuente: Rosario 3
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