La empresa Lácteos Verónica logró frenar un pedido de quiebra luego de cancelar una deuda de 23 millones de pesos con uno de sus acreedores. Sin embargo, la situación económica y productiva de la firma continúa siendo crítica.
Las plantas industriales permanecen prácticamente paralizadas y más de 700 trabajadores reclaman el pago de salarios adeudados, mientras se buscan alternativas para sostener la actividad.
Uno de los focos de mayor preocupación en la región es la planta ubicada entre Clason y Totoras, que forma parte de las tres unidades productivas afectadas por la crisis de la empresa. La situación genera un fuerte impacto local, no solo por la cantidad de empleos directos comprometidos, sino también por el efecto que la paralización tiene sobre la economía de la zona.
En este contexto, se llevó a cabo una reunión en la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, de la que participaron trabajadores, familiares, representantes gremiales y funcionarios del Ejecutivo provincial.
El encuentro tuvo como objetivo analizar el escenario actual y escuchar los planteos del sector. También estuvieron presentes delegaciones de las plantas de Totoras, Clason, Lehmann y Suardi, junto a autoridades comunales e intendentes de esas localidades.
Durante la reunión, el senador provincial Alcides Calvo remarcó que la prioridad es garantizar la continuidad de la actividad productiva y preservar los puestos de trabajo. “Todos los empleados quieren seguir trabajando, tienen una firme identificación con la empresa, por eso es fundamental preservar la fuente laboral y defender a nuestra propia industria”, sostuvo.
Los trabajadores expusieron la incertidumbre que atraviesan ante la falta de definiciones y la irregularidad en el pago de salarios. Al respecto, Calvo señaló que “las manifestaciones son esa incertidumbre, inquietud de no tener esa fuente laboral que tenían desde hace un cierto tiempo”, y subrayó la necesidad de mantener abierto el diálogo.
Finalmente, se resolvió convocar a representantes de la empresa en los próximos días y analizar las presentaciones judiciales existentes para evaluar alternativas que permitan sostener la producción y garantizar la continuidad laboral.
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