La Justicia Federal formalizó la investigación contra tres personas, entre ellas dos ciudadanos bolivianos, acusadas de integrar una organización transnacional dedicada al narcotráfico tras el secuestro de 388,5 kilos de cocaína ocultos en dos camiones cisterna. El operativo fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad santafesina de Susana, y culminó con la detención de los conductores de ambos vehículos y un acompañante.
Durante la audiencia, el juez de garantías Santiago Saux dispuso la prisión preventiva de los tres imputados por el plazo de 121 días, mientras avanza la investigación encabezada por la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Región NEA. Los fiscales Gonzalo Ruggeri y Federico Grimm sostuvieron que los acusados cumplían funciones específicas dentro de una organización criminal dedicada al transporte terrestre de estupefacientes en convoy.
La investigación determinó que la droga estaba distribuida en mochilas ocultas en la cabina y en el interior de las cisternas de los dos camiones, ambos con patente boliviana. El procedimiento comenzó cerca de la medianoche del 23 de julio, cuando uno de los choferes fue interceptado en un control vial y se negó inicialmente a identificarse y a presentar la documentación correspondiente.
La actitud del conductor y un fuerte olor a combustible despertaron las sospechas de los gendarmes, quienes luego descubrieron diez mochilas con 239 kilos de cocaína. Poco después fue interceptado el segundo camión, donde se encontraron otras seis mochilas con 149,5 kilos de la misma sustancia.
Según la fiscalía, los registros migratorios indican que ambos vehículos ingresaron al país por Salvador Mazza, en la provincia de Salta, el 22 de julio, con apenas 20 minutos de diferencia. Además, imágenes aportadas por la Aduana de Pocitos muestran que los camiones habían sido escaneados vacíos al momento de cruzar la frontera, lo que refuerza la hipótesis de que la carga de cocaína fue incorporada posteriormente en territorio argentino.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal imputaron a los tres detenidos como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas, un delito que prevé penas de entre seis y veinte años de prisión.
Los fiscales también advirtieron sobre el riesgo de fuga, la falta de arraigo de los acusados y el elevado valor de mercado de la droga secuestrada, estimado en más de $13.500 millones, argumentos que fueron aceptados por el magistrado al ordenar la prisión preventiva mientras continúa la investigación.
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