Los diputados provinciales del bloque Frente Justicialista para la Victoria Héctor Cavallero, Silvia Simoncini, Patricia Chialvo, Roberto Mirabella y Germán Bacarella, exigieron que «de manera urgente se expida el Tribunal de Cuentas sobre la rescisión del contrato de la concesionaria Arssa y su incumplimiento» en la explotación de la autopista Rosario-Santa Fe.
En una conferencia de prensa brindada ayer en la sede del Sindicato de Docentes Privados (Sadop), los legisladores se refirieron a las responsabilidades que les conciernen a los diferentes estamentos del gobierno provincial, desde ministros, gobernador, el Tribunal de Cuentas y los órganos de control. Sobre estos últimos hicieron especial hincapié, al advertir sobre el presunto «incumplimiento de sus tareas».
Simoncini dijo que «la empresa concesionaria Arssa obtuvo una diferencia económica y que sólo hizo un 24 por ciento de las obras comprometidas». Mirabella, por su parte, reafirmó que «Arssa tenía una concesión de 10 años y en cinco años, sólo ejecutó el 24 por ciento de los trabajos». Y acotó: «Eso representa un perjuicio para la provincia de 1.554,8 millones de pesos, que tendría que cobrar el Estado por el incumplimiento de la empresa. El gobernador rescindió la concesión —de común acuerdo con la concesionaria—, sin ejecutar las garantías y sin sanciones a la empresa. Exigimos que se expida el Tribunal de Cuentas. No puede ser que alguien se presente en una licitación pública, no la cumpla y no pase nada».
Por su parte, el diputado Cavallero se refirió al informe técnico de la facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas y de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR. Dijo que el dictamen es «lapidario». En el informe se expresa que «se observa que claramente la firma Arssa obtuvo ingresos notoriamente superiores y tuvo gastos inferiores a los previstos».
Los legisladores recordaron que «la principal obligación de la concesionaria era repavimentar los 313 kilómetros de traza total. Y al cabo de cinco años, previsto en el pliego para su cumplimiento, apenas se hicieron efectivos 75 kilómetros de repavimentación, 24 por ciento de esa obligación».
Asimismo se especificó que en el informe de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura se concluye que «se incurrió en un notorio incumplimiento de la oferta, y que la estrategia de postergar la obra mediante bacheos no resultó adecuada, incluso podría plantearse como perjudicial».
Los legisladores del bloque expresaron que hubo «un millonario perjuicio perpetrado en contra del estado santafesino», como consecuencia de la solución jurídica «infundada, materializada a través de una rescisión mutua del contrato celebrado por el ministro de Infraestructura, José Garibay, y ratificada por el decreto 5.194 de diciembre de 2016, firmado por el gobernador Miguel Lifschitz».
En el encuentro se reafirmó que «queda acreditada la falta de participación en las actuaciones de organismos técnicos y de control con competencia en la materia, tales como la Dirección de Vialidad provincial, la Sindicatura General de la provincia y el Tribunal de Cuentas».
Además, se dijo que es «más grave aún que se reconoce la falta de dictamen de Fiscalía de Estado, como órgano de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo y de la defensa legal, que actúa como última instancia en el asesoramiento administrativo».Y que «el informe elaborado por el director del órgano de control se limita exclusivamente a realizar un detalle de los hechos ocurridos en relación al desarrollo de la concesión, agregando un informe de la coordinación técnica del órgano, que señala el incumplimiento de la concesionaria de su obligación de repavimentar toda la traza».
En la conferencia de prensa se dijo además que «si el gobierno provincial hubiera actuado conforme a la ley, rescindiendo el contrato por graves cumplimientos de la concesionaria, según lo previsto en el respectivo contrato, las empresas integrantes del consorcio no estarían en condiciones de participar en ningún proceso licitatorio. De la resolución, dada a la finalización del contrato, resulta un claro beneficio a favor de empresas, que habiendo incumplido sus obligaciones como concesionaria, ahora podrían ser beneficiarias de licitaciones de obras sobre la autopista o de la futura concesión en proceso licitatorio».
Además se especificó que «en relación a la cuantía del perjuicio económico generado por la decisión adoptada, nada señala la aclaración efectuada por la provincia», y acotaron los legisladores que el valor señalado por el bloque justicialista «corresponde estrictamente a la cantidad de kilómetros no repavimentados prevista en el contrato y valorados conforme a la oferta realizada y ajustados a diciembre de 2016, según la variación de la inflación».
Los legisladores expresaron que «no resulta válida la pretensión del gobierno de eludir la responsabilidad del perjuicio provocado», y señalaron que «con la posibilidad que otorgó la rescisión de retomar la posesión sobre el corredor a efectos de realizar obras y tareas de emergencia que garanticen la seguridad vial, se carga a la ciudadanía santafesina un costo que debió soportar la concesionaria, que contó con fondos suficientes para ello, producto de la recaudación derivadas de las tarifas aprobadas o acordadas».
Fuente: La Capital
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