El gobierno de Maximiliano Pullaro decidió volver al esquema que utilizaba Miguel Lifschitz y a partir del 31 de mayo de este año, la Autopista Rosario Santa Fe volverá a ser administrada por un Fideicomiso con el Banco Municipal de Rosario y dejará de estar en manos de Vialidad Provincial.
El gobernador y sus ministros Pablo Olivares y Lisandro Enrico firmaron el decreto Nº 637 mediante el cual se establece la vuelta de la administración y gerenciamiento de la traza a la modalidad del fideicomiso con BMR Mandatos y Negocios, perteneciente al Banco Municipal, tal como sucedió entre 2017 y 2020.
La contratación del fiduciario del Banco Municipal de Rosario será directa por tratarse de un vínculo entre organismos oficiales “siendo la única condición que establece la normativa provincial (…) probar la conveniencia de la contratación propuesta sobre la media de mercado, circunstancia que ha sido debidamente acreditada”. La relación contractual será por 2 años prorrogable por única vez por igual plazo.
El fideicomiso no significa una privatización, sino que es un acto jurídico por medio del cual una persona, o en este caso el Estado Provincial, entrega a otra la titularidad de unos activos (la autopista) para que los administre y, al vencimiento de un plazo, transmita los resultados a un tercero. Es una herramienta jurídica muy utilizada en los negocios y para preservar los patrimonios.
El documento oficial señala que “debe tenerse en cuenta por un lado los antecedentes de los últimos cuatro años, y la experiencia ya demostrada por BMR Mandatos Y Negocios S.A. en su anterior gestión”, que “convierten a la figura del fideicomiso y su administradora en la mejor alternativa existente a la fecha para reposicionar y jerarquizar la traza”, señaló Aire de Santa Fe.
En los considerandos, el decisorio del gobernador advierte sobre “el estado de situación que a la fecha presenta la Autopista Rosario – Santa Fe, tanto en lo relativo a infraestructura, equipamiento, servicios al usuario y administración de recursos humanos, por lo que surge con claridad la necesidad de reemplazar la forma de la organización administrativa actual del Corredor Vial”, dado que la modalidad dispuesta por la gestión justicialista “no ha resultado lo absolutamente eficiente, pese a los esfuerzos realizados por la actual Unidad Ejecutora Especial”.
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